En diciembre de 2015 se produjo el último golpe de Estado de la revolución. Una mayoría legislativa se arrogó la titularidad del poder absoluto, desconoció la supremacía de la voluntad soberana y derogó parcialmente la Constitución.
Ya se ha dicho en otras ocasiones: la década ganada asestó al menos cuatro golpes de Estado con absoluto sigilo. En el 2006 derrocó al Congreso Nacional para dar viabilidad a su Asamblea Constituyente; en el 2007 defenestraron al Tribunal Constitucional, en el 2009 a la Corte Suprema de Justicia y en el 2015 a la norma de límites temporales al ejercicio del poder.
Un Estado republicano se edifica dentro de los límites al ejercicio del poder político. Estos límites se encuentran establecidos en la Constitución. Para alterar estas fronteras, según los protocolos de reforma constitucional, se exige la instalación de una Asamblea Constituyente porque sus atribuciones son superiores, excepcionales y perentorias en comparación con las de una Asamblea ordinaria, porque la primera expresa una voluntad específica del poder soberano. La alternabilidad democrática, es decir el límite temporal al ejercicio de la autoridad representativa, es un límite republicano con lo cual su reforma exige, para todos los casos, instalar un poder constituyente.
Un golpe de Estado contemporáneo no necesita de protestas masivas, represión o disparos. Aunque pudiera suceder de esta forma, hoy también se produce tras la emergencia o consolidación de un poder despótico que se autoproclama como la fuente de toda autoridad pública.
Al terminar el 2015, una mayoría revolucionaria emborrachada de poder se creía todopoderosa. Entonces, en una Asamblea ordinaria, reformaron la Constitución bajo el disfraz de la enmienda.
Pero la Corte Constitucional declaró derogado este abuso y quienes estén detrás de esto deberán pagar por haber perpetrado un golpe, gestado en los pasillos palaciegos de un poder despótico disfrazado de democracia. (O)
