En nuestra sociedad, es muy usual que cada vez que se detecta o denuncia un problema, lo primero que se escuche sea un clamor por legislar sobre el tema, asumiendo, sin más ni más, que el establecer una norma será la panacea o remedio mágico para el inconveniente señalado. Mucho menos usual es que se sostenga que la solución está en derogar una norma, o en dejar de normar lo hasta entonces normado. Existe, por lo visto, una especie de automática y casi refleja creencia en el poder prodigioso de la ley.
En este sentido, muchas veces nuestra opinión pública se parece a un mítico emperador de la China que pensaba haber puesto coto a las depredaciones de cierto Tigre de la Manchuria, mediante un edicto por medio del cual se ordenaba al felino hacerse vegetariano.
Las normas no se aplican a sí mismas, ni se hacen eficaces por el solo hecho de ordenar, prohibir o permitir algo. Al legislar casi siempre olvidamos hechos tan importantes como, por ejemplo, que poner en ejecución la legislación tiene costos: costos (equipos, personal, tiempo, dinero) para la autoridad, que debe establecer un mecanismo para la vigencia del cuerpo reglamentario, y para los afectados y la sociedad en general.
Sería muy interesante que cada vez que se propusiera una norma nueva se hiciera un estudio de lo que le costará a la colectividad (Estado y ciudadanía) su eficacia. Y este costo no solo es el costo directo, sino los costos de oportunidad y externalidades (ejemplo: el precio económico del tiempo que invierte el usuario en el trámite). Sospecho que, a menudo, si hiciésemos ese cálculo, descubriríamos que el balance neto tiene impactos económicos negativos e incluso pueda generar injusticias escondidas y efectos no anticipados perversos.
Y esto, sin entrar a discutir, que, muchas veces, y con demasiada frecuencia, la pura norma no toca a las causas del problema que se busca enfrentar, y al no hacerlo, termina creando problemas aún mayores o dejando intacto al original. (O)
