Las investigaciones de los científicos sociales ecuatorianos han demostrado que la hacienda, tanto en la Costa como en la Sierra, fue el eje de la economía republicana hasta bien entrado el siglo XX, y que la oligarquía terrateniente, comercial y bancaria dominó el Estado.
Los conflictos políticos entre liberales, conservadores e Iglesia coparon el primer siglo republicano. Se combatía a gobiernos y no propiamente al Estado, porque este formaba parte del sistema oligárquico y no intervenía en la economía.
Con la Revolución Juliana (1925) se inició el intervencionismo económico del Estado, limitado por entonces a la esfera monetario-financiera. Solo décadas más tarde, cuando la Cepal (fundada en 1948) y el programa norteamericano ‘Alianza para el Progreso’ (1961) indujeron a proyectar el ‘desarrollo’ de América Latina, en los años sesenta se configuró un claro papel intervencionista del Estado en la economía a través del primer Plan de Desarrollo (1964), que permitió superar el sistema hacienda mediante la reforma agraria y despegar la industrialización del país. El empresariado creció como nunca antes precisamente por las políticas económicas y proteccionistas del Estado.
En la década de los setenta, ese ‘modelo desarrollista’ se consolidó, gracias a la enorme riqueza petrolera. El Estado pasó a ser el principal agente dinamizador de la economía y nuevamente el empresariado aprovechó de recursos, leyes e inversiones públicas, para fortalecer su crecimiento.
Los gobiernos julianos también inauguraron dos acciones igualmente estatales: las políticas sociales (leyes laborales, seguridad social) y los impuestos directos, como el de rentas. En los sesenta, al desarrollismo acompañó la reforma tributaria; en los setenta se redujeron impuestos y se generalizaron los subsidios.
Fue la oligarquía tradicional la que se lanzó contra los julianos, luchó contra la creación del Banco Central (1927) y contra los impuestos directos. Empresarios y terratenientes resistieron el ‘desarrollismo’ de la década del sesenta. El alto empresariado clamaba contra el ‘estatismo’ de las dictaduras petroleras de los setenta. Siempre atacaron al Estado ‘comunista’. Y lo mismo hicieron al iniciarse los gobiernos constitucionales en 1979.
Entre 1982 y 2006, la economía cambió de rumbo y se construyó un ‘modelo empresarial’ de desarrollo que desarticuló al Estado intervencionista. Por fin, el camino ideal del mercado libre y de la iniciativa privada absoluta, el reino del capital, parecía no tener fin.
De modo que al romperse ese ciclo e iniciarse desde 2007 un modelo de economía que acabó con el ‘neoliberalismo’, las élites del antiguo poder económico retornaron al viejo y tradicional combate: contra el Estado y contra los impuestos, particularmente el de rentas que, sin embargo, lo han eludido y evadido de múltiples formas.
En la actualidad, cada vez más queda en claro que sobre la oposición a un gobierno lo que está en juego es el combate al Estado, el enemigo final para el retorno al mercado libre y al dominio privado de la sociedad. (O)
