Existe un episodio que lo atendí a fines de los noventa de paso por Cali (Colombia). Camino a su popular barrio ‘Juanchito’ me encontré frente a un menor de edad de entre 11 a 13 años. El chico estaba postrado en media acera maniatado por las drogas. En un momento dejó de consumir y me extendió la mano a pedirme dinero. Aún no oscurecía y la gente iba y venía sin llamarle la atención aquella víctima de las drogas. Les era una escena común.
Por esas mismas fechas para cualquiera de nosotros, encontrar a nuestro paso, en ciudades de Ecuador, a un menor de edad derribado por una adicción, no nos era común. No lo fue, hasta cuando empezaron a sucederse decisiones políticas desde el gobierno de Rafael Correa relacionadas con el combate al tráfico y consumo de drogas.
Una de estas decisiones fue la expulsión de quienes combatían el tráfico a gran escala desde la base de Manta. Según varios informes, los mayores beneficiarios de esta acción fueron las FARC y los carteles de la droga. Los primeros ganaron al crecer su control en el negocio, los segundos con mayor presencia y violencia a operarlo desde nuestras costas. Otra acción fue la tabla de consumo. Desde su vigencia el microtráfico proliferó al aumentar el consumo en microdosis.
Propusieron combatir la adicción como enfermedad y olvidaron construir centros públicos para su tratamiento mientras clausuraban los privados. De estas acciones el camino a nuestro infierno se nos empedró.
Con esto, el daño más grave a nuestro país no estaría en la dilapidación de la mayor riqueza que ingresó al país y la cual la manejó un solo gobierno, para al final dejarnos más endeudados que nunca. Tampoco en la corrupción que volvió próspera a una élite política que gobernó en la última década. El mayor daño a nuestra sociedad estaría en la adicción que sufre gran parte de nuestra juventud y niñez, entre quienes, antes de finalizar o iniciar sus estudios, concluyen su vida sepultados por las drogas. (O)
