Escribo esta columna con el desaliento anticipado de saber que existe una muy difundida animadversión en contra de las personas que defendemos derechos humanos. Empezaré por el principio, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos.
En las democracias modernas la sociedad decide entregarle el mando y la autoridad al gobierno a cambio de protección colectiva, orden y paz para la población. Así nace el Estado, es un pacto de convivencia civilizada también conocido como el contrato social.
De esta manera, los ciudadanos perdemos algo de independencia y nos comprometemos a obedecer a una autoridad; pero, ante la posibilidad siempre presente de que esta autoridad sea despótica o abusiva, hay límites a su poder y estos son los derechos humanos.
Estos límites que los ciudadanos le imponen al poder están en nuestra Constitución en un eje de derechos que permiten crear las condiciones mínimas e indispensables para que los habitantes del Ecuador vivamos dignamente. Para que quien gobierne no ordene detenciones arbitrarias, para que no te torturen y maten en la cárcel siendo inocente, para que no te quiten tu casa, tu carro, tus propiedades, para que puedas expresarte con libertad. El Presidente tiene que cumplir y hacer cumplir estos derechos, por eso en la banda presidencial se lee: Mi poder en la Constitución.
Por lo tanto, peca de una grave falta de conocimiento quien sostenga que el respeto a los derechos humanos le impide a un mandatario gobernar, o evita que alguien que cometió un delito vaya a la cárcel, o permite que criminales maten impunemente a mansalva, o que terroristas ataquen destacamentos policiales sin consecuencias.
Cuando el Estado tiene el monopolio de la fuerza, cuando los ciudadanos renuncian a la posibilidad de responder con violencia ante la violencia recibida; son las funciones públicas las llamadas a actuar cuando se cometen delitos. Esa es labor de la policía, los fiscales y los jueces. Los defensores de derechos humanos no tienen competencia para impedir que estas instituciones cumplan su labor. Pero sí velarán para que la policía capture a los delincuentes, los fiscales acusen a quienes cometieron crímenes espantosos, y los jueces los condenen. Las defensoras de derechos humanos estaremos ahí para exigir justicia, para solidarizarnos con la familia de la víctima, para gritar ¡ni una menos! Lucharemos para que ese delincuente, violador o femicida sea sentenciado y vaya preso.
Ayer escuchaba al General de Policía Víctor Zárate en sus declaraciones a la prensa. Se quejaba con rabia de que los policías no tienen recursos económicos para pagar abogados que los defiendan cuando deben acudir a juicios, que ellos no pueden beneficiarse de la Defensoría Pública y clamaba, ¿dónde están los derechos humanos? Entiendo la desesperación del General Zárate, él tiene toda mi solidaridad. Los agentes de policía hoy más que nunca se están jugando la vida y la libertad en esta lucha sin tregua contra las mafias del narcotráfico y el crimen organizado.
Pero la policía no solo necesita defensa técnica, necesitatambién uniformes, capacitación, mejores armas, municiones, chalecos antibalas, patrulleros y UPCs más seguros. Y en eso las defensoras de derechos humanos no tenemos responsabilidad, ni la culpa de sus carencias. Todo eso que les falta y no tienen se debe a la omisión delgobierno. Y es muy grave porque la policía es hoy nuestra última defensa contra el caos.
