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El Telégrafo
José Velásquez

El código de ética

24 de mayo de 2021 - 00:00

Fue una instrucción inmensamente necesaria. Venimos de una era de ministros comecheques que son amigos queridos del “dueño del circo”, de ñañitas palanqueadas, y de todo tipo de parientes en el servicio diplomático.

Pero el verdadero reto no es enunciarlo sino lograr que el sector público se ajuste a esa cultura de trabajo que resulta más común, y está más arraigada, en el sector empresarial. En el Banco de Guayaquil, por ejemplo, los empleados se rigen por un Código de Ética de 38 páginas y que marca sanciones por incumplimiento que incluyen, en algunos casos, la desvinculación.

Si bien es cierto la corrupción (en cualquier escala) no es exclusiva de lo público, está claro que hacen falta instrumentos para depurar procedimientos y ajustar conductas. Aunque se supone que la Contraloría observa y filtra, el tránsito por la vía burocrática está llena de atajos y de excepciones arbitrarias.

El presidente Lasso se refirió a los regalos, los agasajos y la contratación de los parientes. También habló de la escolta policial y del culto a la imagen con las fotos oficiales de despacho. Pero el manual debería tener un espectro más amplio. Por ejemplo, el avión presidencial no puede ir repleto de parientes que salen de compras en cada visita oficial y que, por supuesto, no hacen aduana al volver. Esos gastos de alojamiento tampoco tienen por qué ser costeados por los contribuyentes.

No es correcto abusar de los medios públicos, usar los incautados o apelar a insufribles cadenas en nombre de la propaganda. Ha sido una mala costumbre que altos funcionarios ejerzan presión editorial, cuestionando incluso si las fotografías les favorecen o no. Tristemente, el presidente Moreno en sus últimas semanas emuló a su antecesor con una innecesaria sobreexposición para promocionar su cuestionada imagen. Todos esos gastos salen de nuestros bolsillos.

La famosa cuota política en embajadas y consulados no debería ser un botín ni moneda de canje en los acuerdos. Quizás resulte inevitable, pero es altamente cuestionable si los personajes desplegados por el mundo no tienen una mínima capacidad de gestión. En el gobierno anterior tuvimos al padre de un alto funcionario enquistado en una capital europea en un claro acto de palanqueo. Y dicho sea de paso, el acoso sexual y el abuso a subalternos debe ser frenado sin que la víctima sienta que va a perder su nombramiento por el simple hecho de alzar la voz.

Llevo algunos años viendo cómo los presidentes y ministros de varios países llegan con nutridas delegaciones a Washington y Nueva York, como si no hubiera personal de apoyo suficiente establecido en dichas ciudades.  Pero también debo decir que me impresionó cuando conversé en 2019 con Otto Sonnenholzner en Washington y me percaté que había llegado en vuelo comercial, pagado por él, junto con el secretario general de la vicepresidencia. Claro, su estilo fue incompatible con el de la gestión pública y quizás ese es un punto en el que deba fijarse Lasso: que los ministros que llegan del sector privado no salgan corriendo espantados por una idiosincrasia de gasto inmisericorde.

Lo legal y lo correcto no siempre es lo mismo. Y cuando escribo estas líneas no puedo dejar de pensar en la política abusiva de la Corporación Nacional de Electricidad bajo la complicidad de la Agencia de Regulación y Control. Que se disparen las planillas a nivel nacional por su supuesto aumento del consumo sin la posibilidad de cuestionar el pago, es una actitud abusiva y antiética. Pagar primero y reclamar después es la trampa en la que cientos de miles de personas caen todos los meses con escasas posibilidades de lograr un fallo a favor. El código de ética tendría que tatuarse en la mentalidad de quienes supervisan la calidad y transparencia de los servicios públicos.

Este código anunciado por el presidente aún no se distribuye de manera formal. Tengo la impresión de que incluso todavía no se termina de escribir. Pero como el papel aguanta todo, junto con el manual deontológico debe venir un instrumento que refuerce su cumplimiento y permita recoger denuncias y analizar los casos. De lo contrario se diluirá en el tiempo y podría ser asumido como una recomendación y no como una instrucción.

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