El agotamiento del sistema judicial, penitenciario, y el fracaso del prohibicionismo.

Las cárceles varía según las épocas y, sobre todo, las sociedades, su principal cometido es: proteger a la sociedad de los elementos peligrosos disuadir a quienes pretenden cometer actos contrarios a la ley reeducar al detenido para su inserción en la sociedad.

En el Ecuador, según el Código Orgánico Integral Penal, los Centros de Rehabilitación Social, tienen como finalidad la rehabilitación integral de las personas privadas de libertad, la reinserción en la sociedad, desarrollo de las capacidades y cumplimiento de las responsabilidades de estas personas para ejercer sus derechos al momento de recuperar completamente su libertad.

El Estado ecuatoriano es garantista de derechos, ordena el justo y adecuado procedimiento a la persona privada de la libertad.  Sin embargo en trece años se triplicó la población penitenciaria en el Ecuador: de 13.125 internos en 2008 a 38.693 a 2021. Los detenidos están distribuidos en 37 centros de privación de libertad y 11 centros de adolescentes infractores; el 58% de las PPL tiene sentencia y el 42% está en proceso; el 27%, está detenida por delitos relacionados con drogas (10.592); el 26%, por delitos contra la propiedad (10.031); el 16%, por delitos contra la integridad sexual (6.177); el 13%, por delitos contra la inviolabilidad de la vida (5.228); y el 4%, por asociación ilícita y delincuencia organizada (1.734).

Es un despropósito y una cortina de humo la supuesta “guerra contra el narcotráfico”, Ecuador por sus condiciones geográficas es un país pequeño con salidas estratégicas desde el Océano Pacífico a los destinos más cotizados de consumo de cocaína, lo cual permite ser uno de los principales puntos de almacenamiento, transporte y despacho para el comercio mundial de drogas, además nuestra moneda permite lavar activos y en consecuencia la suma de estos factores han hecho que este “negocio” esté en todas las esferas sociales y productivas con costos humanos incalculables.

El narcotráfico esta frente a nosotros inmiscuido en lo más profundo y diverso de nuestra sociedad, hoy es muy difícil tener conocimiento de si estamos contribuyendo a lavar activos con nuestras actividades cotidianas o no.

Crece el número de las PPL y crece la tasa de homicidios que pasó de 6.4 en 2008 a 14. 8 homicidios por cada cien mil habitantes 2020, es decir; la violencia sigue aumentando rápidamente a pesar del incremento de las detenciones. Por lo cual la pregunta debe ser ¿ porqué detener a todos, inflar las penas, construir más cárceles, no esta funcionando?

Lo sucedido ya frecuentemente en las cárceles del país sin duda alguna tiene centenares de aristas a tratar, la privación de la libertad se ha convertido en la pena por excelencia del Sistema Penal; esta pena es concebida además como el camino más idóneo para la rehabilitación de la persona que ha cometido un delito. Por eso cabe reflexionar y cuestionar si: ¿Todos los delincuentes merecen ser tratados por igual?, ¿es lo mismo una mula, que un violador, o un asesino?, ¿qué decir de los delincuentes de cuello blanco que encabezan los titulares con prisión o sobreseimiento?

La cárcel no es idónea para cumplir con los objetivos de una rehabilitación integral, peor aún podría preparar a una persona para ser reinsertada en la sociedad, una pena es la restricción de un derecho al autor de un delito, en la medida en que esta restricción contribuya a la seguridad y a la paz social. No todos podemos rehabilitarnos, las personas que padecen trastornos de la personalidad es muy difícil que logren insertarse el psicópata, el antisocial, sin caer en un término peyorativos sino técnicos de la psiquiatría  y psicología no pueden estar junto a quién no tiene estas patologías, pues se generará  más violencia. Por eso es clave a considerar al momento de aplicar la pena y en apego a ejercer de manera práctica el principio de la rehabilitación social es el tipo de delito cometido.

Poner fin al mercado ilegal de drogas reduciría de manera directa la corrupción (la guerra real), reduciría la ganancia del crimen organizado y con ello su capacidad de maniobra, extorsión y delincuencia.  Y los gobiernos dejarían de gastar las enormes cantidades que hoy “destinan” a la “lucha contra el narcotráfico” de la cual muchas veces son parte, y en lugar de ser cómplices pasarían a ser fiscalizadores, estableciendo las normas para realizar la actividad, recibiendo los impuestos generados por la venta legal de drogas, que son más altos que los del tabaco y el alcohol y rompiendo el círculo perverso entre la venta de drogas, los fabricantes de armas, y los  demás “negocios” asociados al narcotráfico como la prostitución y trata de personas.

Este baño de sangre muchas veces inocente tiene una sola raíz: Las drogas son ilegales, son prohibidas pero sin embargo son apetecidas y consumidas. Sin duda este es un tema difícil de aceptar, pero tenemos que empezar a discutirlo, ponerlo sobre la mesa y visibilizarlo; quizás en la legalidad esté la única salida.