Lo estudié en el colegio como el glorioso primer grito de independencia de Hispanoamérica. Con el tiempo entendí que lo que realmente se conmemora cada 10 de agosto es el precario inicio de un proceso de emancipación que empezó de forma trágica. La Junta de Gobierno que derrocó al Conde Ruiz de Castilla, Presidente de la Real Audiencia de Quito, solo estuvo dos meses en el poder. El 24 de octubre de 1809, sin el apoyo de ciudades claves como Pasto, Guayaquil y Cuenca, sitiada por realistas desde norte y sur, con la fuerte presencia de los ejércitos tanto del Virreinato de Nueva Granada, como del Virreinato de Lima, frágil y vencida, la Junta Soberana de Quito optó por disolverse. Con la perspectiva que nos da el tiempo transcurrido, tal vez podríamos decir que a los patriotas de entonces les faltó concretar una estrategia, crear y madurar alianzas, prever su propia debilidad, armarse mejor, improvisar menos.
Pese al fracaso, este primer “mal ejemplo” de los rebeldes de Quito tuvo un efecto multiplicador en las demás colonias de España en América. Pero no se puede decir que el 10 de agosto de 1809 se libró una batalla como lo escribió en un tuit (que después borró y corrigió) la cuenta Twitter del Vicepresidente de Ecuador.
Sí, fue un error; pero fue un error grosero. Un error que se suma a los desatinos que últimamente abundan en nuestra clase política nacional. Y esto ya no solo da vergüenza, francamente da miedo.
El 10 de agosto de 1809 no se libró ninguna batalla, esto ya está claro. Cuando no es auxiliar, el verbo haber, de existir, nunca va en plural. Ha sido vergonzoso, de vergüenza ajena, leer como un consejero del Presidente escribe hayan maniobras en lugar de haya maniobras. Y como si fuera poco, lo hace en un comunicado que intenta explicar lo que no tiene explicación. No se puede cambiar el sentido de una ley a través de un reglamento. Y no se puede porque en derecho existen categorías o niveles que forman una suerte de estructura piramidal donde las normas jerárquicamente inferiores tienen su fundamento en las normas jerárquicamente superiores. Tanto en el fondo, como en la forma. Leer en un comunicado oficial del Ministerio de Gobierno que el Ejecutivo hará uso de su capacidad y facultad para emitir el Reglamento General a una ley para conseguir lo que la Asamblea Nacional no legisló, no solo es absurdo, es anti derecho. ¿No tienen algún asesor abogado en ese Ministerio? Deberían. La Asamblea Nacional, en grosero desacato a una resolución dictada por una jueza en materia constitucional, posesiona a un Superintendente de Bancos. Los 70 asambleístas responsables de esta movida se exponen a ser destituidos. Pero no son los únicos. Ejecutivo y Legislativo incumplen sentencias judiciales. Y hay que decirlo también, jueces corruptos que se han prestado para el abuso de las garantías jurisdiccionales. Y mientras tanto, en el camino a las elecciones seccionales de 2023, algunos movimientos y partidos políticos han postulado candidatos de conducta bochornosa, carentes de la disposición o de las aptitudes para ejercer la función pública.
Ya no se puede soportar tanta ignorancia e improvisación. ¿En manos de quiénes estamos?
