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El Telégrafo

Economía social solidaria para el buen vivir

06 de julio de 2011 - 00:00

El pueblo ecuatoriano aprobó la constitución de Montecristi. Fue un gran acontecimiento. En ella se establece que se debe organizar el SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL SOLIDARIO; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; señala el objetivo de garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir  (sumak kawsay).

Habrá, por tanto, formas de organización económica popular y solidaria que incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios.

En relación con el buen vivir se establecen derechos de las personas, siendo fundamental e irrenunciable el derecho humano al agua; el acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; a la educación de calidad, a lo largo de sus vidas; a desarrollar sus capacidades creativas; al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas; a la salud y cultura física, el trabajo y la seguridad social; a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna.

El Estado debe garantizarlos, aplicando políticas económicas, sociales, culturales y ambientales adecuadas; y dotando de servicios públicos de equidad, calidad y eficiencia, con criterios de solidaridad, universalidad, eficacia y sentido de género e intergeneracional.

Tanto la economía popular y solidaria como el buen vivir requieren  grandes sumas para el financiamiento. El Estado debe lograrlos, administrando adecuadamente los recursos de la gestión de los sectores estratégicos; organizando  eficientemente las empresas proveedoras de los servicios que debe proveer; esto es agua potable, riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias; recaudando los tributos con ética y con austeridad en el manejo del gasto público, como se lo viene haciendo.

También dispone que el Estado debe manejar con exclusividad los sectores sobre los cuales tiene decisión y control exclusivo: agua, energía, telecomunicaciones, recursos naturales no renovables, transporte y refinación de hidrocarburos; biodiversidad y patrimonio genético y espectro radioeléctrico.

En esto está buena parte de las bases para la construcción de una sociedad solidaria y una economía productiva, que contribuyan al progreso social y a  establecer un modelo socialista; que  contemple, además, cambios en las  estructuras de propiedad y  tenencia de medios de producción.

Inmensa tarea que hay que fortalecer e iniciar, según los casos.

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