En días recientes el Gobierno Nacional ha establecido nuevos mecanismos de contratación laboral para siete sectores de la economía. Estos mecanismos buscan equilibrar dos imperativos éticos y políticos que, con frecuencia, se contradicen en el marco de una sociedad capitalista, como es la nuestra. Por un lado, se trata de proteger los derechos de los trabajadores y mitigar la explotación laboral, y por otro, se busca incentivar el empleo y la creación de nuevas plazas de trabajo. Esta ecuación ha sido y es cada vez más difícil en las sociedades contemporáneas.
El Gobierno anterior estableció una legislación que enfatizó la vigencia de normas universales y generales aplicables a lo largo de toda la economía. Ciertamente era loable el intento de dar prioridad a los derechos del trabajo y hacer efectivo el principio constitucional protrabajador. Sin embargo, en este intento se cayó en una excesiva rigidez, en un microcontrol burocrático asfixiante y no siempre se tuvieron en cuenta las peculiaridades de los distintos sectores, de los distintos mercados laborales y de las distintas formas de actividad. Se asumió un modelo general de tipo “fordista” y no se percibió que, en la actualidad, la contratación y el proceso de trabajo adoptan formas muy variadas y cambiantes. Una legislación que no puede adaptarse a este carácter dinámico y plástico de la oferta laboral, protege ciertos derechos, pero restringe el acceso a puestos de trabajo y desincentiva la contratación. Terminamos en una situación con menos trabajadores bastante bien protegidos, y con más personas en condiciones de trabajo inadecuado o de abierto desempleo.
En definitiva, es necesario que nos replanteemos creativa y radicalmente lo que es el trabajo y cómo se puede expandir el acceso de la población a una remuneración digna, en condiciones humanas de actividad. Especialmente porque, en el futuro próximo, la automatización y la inteligencia artificial plantean la posibilidad de una drástica reducción estructural del empleo. (O)
