La corrupción tiene otro nombre: ¡desvanecimiento! Y a este paso se va a convertir en la palabra del año, como ocurrió en 2020 con otra palabra asimismo lúgubre: ¡pandemia!
Y no se trata de un simple juego de palabras, sino de mecanismos, recursos o sistemas amparados en las leyes y aplicados por autoridades titulares o subrogantes, en una respetada institución encargada de supervigilar los fondos públicos: la Contraloría General del Estado.
Causa grima conocer que en tan importante función del Estado se haya organizado una estructura de corrupción para delinquir contra la seguridad y la eficiencia de la administración pública, mediante asociación ilícita y concusión.
¿En qué queda la confianza que depositamos los ciudadanos en organizaciones del Estado, que tienen como propósito esencial el cuidado de los bienes públicos, que son propiedad de todos? Los actos de corrupción –todos lo sabemos- no se solucionan con el cambio de nombres: de Contraloría a Tribunal de Cuentas. El problema es de fondo y no se soluciona con el simple “desvanecimiento” de glosas.
Pero, ¿qué es el desvanecimiento de glosas? El acuerdo 050 –CG-2018 establece, en el Reglamento de Determinación de Responsabilidades, la “rectificación y desvanecimiento por pago”. La rectificación de resoluciones reconoce “los errores aritméticos o de cálculo, mecanográficos o de tipeo en los que incurrieren las resoluciones”; y en el desvanecimiento por pago: “las Direcciones Nacionales de Responsabilidades y de Recursos de Revisión, en caso que llegare a su conocimiento que las obligaciones constantes en determina resolución han sido cumplidas antes de su expedición, emitirán una resolución mediante la cual se desvanezcan las responsabilidades que corresponda”. En ningún caso la ley faculta órdenes verbales para desvanecer glosas.
La reforma del sistema de control debe ser total. Tanto ingresos como egresos deben ser administrados por gente preparada, desde el punto de vista técnico-jurídico, y de un acrisolado perfil ético. El papel del Estado debe cambiar con participación del tercer sector –que mencioné en mi anterior artículo- donde la sociedad civil realice una auditoria o veeduría militante de todos los actos de la Contraloría. No bastan los parches y que cese la impunidad. O el desvanecimiento moral –léase, derrumbamiento- de la sociedad será un hecho irreversible.
