El vocablo “vida” es ambiguo. Una bacteria está viva, el espermatozoide es una célula viva, se dice que una persona está viva al constatar que conserva ciertas funciones, etc. Sin embargo, para efectos del aborto, lo importante es determinar qué cuenta como un ser humano vivo. En mi opinión, si se conviene que la vida humana termina con el fenecimiento de las funciones cerebrales, resulta obvio argumentar que comienza con el inicio de estas (alrededor de las semanas 12-18 del embarazo). Dentro de este período, la mujer debería poder decidir libremente.
La posición que defiende la existencia de un ser humano desde la singamia no resulta persuasiva: poseer un código genético diferenciado es una condición necesaria, pero no suficiente, para que consideremos que un ser humano está vivo. De hecho, a diferencia de las funciones cerebrales, el código genético se conserva incluso post mortem. Más aún, la mayoría de la comunidad científica parece estar en desacuerdo con esta posición.
Por otra parte, obligar a las mujeres a llevar adelante un embarazo las coloca en “su lugar social” asignado por la imposición de roles (de madre y esposa) generalmente defendidos por posturas conservadoras contrarias a la libre determinación de la mujer. Además, la norma que prohíbe el aborto es del todo ineficaz: su prohibición no ha evitado que el número de abortos se mantenga estable o se incremente. Por el contrario, como muestran las estadísticas, en los países en donde ha sido despenalizado, el número de abortos tiende a descender (producto, en parte, de la eliminación de un tabú y de la tendencia a un mayor uso de métodos anticonceptivos). Por último, la prohibición del aborto coloca en situación de desventaja a las mujeres pobres respecto de las mujeres de clase media y alta, en la medida en que las primeras no están en condiciones de costear un aborto seguro, a diferencia de lo que sucede con las segundas.
Estos son algunos argumentos que, en mi opinión, constituyen buenas razones para la despenalización del aborto. Por ahora, este no es sino un discurso de lege ferenda, aunque la tendencia en nuestra región parece imponerse justamente en este sentido (basta ver el caso argentino). (O)
