En Ecuador las actividades económicas están concentradas en pocas empresas de producción, intermediación y distribución.
En el ámbito nacional, el 10% de los establecimientos concentra el 96% de las ventas, de acuerdo a los datos del Censo Económico realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Con el 45% de los establecimientos económicos, Pichincha y Guayas concentran el 72% del volumen de ventas.
Estos datos confirman varios hechos, que requieren una investigación más prolija. Estudios como “La concentración de capitales en el Ecuador” (1976), de Guillermo Navarro, o “Los grupos monopólicos en el Ecuador” (1991), de Luis Fierro, iniciaron un campo de investigación ahora descuidado. La conclusión fundamental de estos trabajos era que operó en el país la concentración y centralización del capital, con la integración de empresas productivas y financieras. Dichos grupos financieros tenían capacidad de influir en la fijación de precios, al constituir oligopolios en la mayoría de los sectores; e incluso había influencia en el marco regulatorio y en las políticas económicas, por su representación en los gobiernos, partidos políticos y medios de comunicación. Dos décadas después del libro de Fierro, y la dolarización de por medio, la concentración económica habrá asumido una morfología que es necesario actualizar.
La competencia imperfecta y la concentración -de ventas, activos, geográfica- son negativas por razones distributivas. Como el monopolio (una sola empresa en el mercado) o el oligopolio (pocas empresas en un solo mercado) cobran precios mayores a los de un mercado de competencia, entonces captan en su beneficio ingresos adicionales. Puesto que los monopolios y los oligopolios ejercen poder de mercado, tienen capacidad para restringir las cantidades producidas, con el fin de manipular los precios.
Por ello, urge la adopción de un fuerte marco regulatorio, lo que implica promulgar la ley antimonopolio, articulada a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que precautele una justa competencia, que proteja los derechos de las y los ciudadanos, y que sancione los frecuentes abusos del poder y la concentración económica, como lo tienen varios países latinoamericanos. A la par, son necesarias políticas activas de promoción de la micro, pequeña y mediana empresa (tanto para fomentar la competencia, como por su efecto en la generación de empleo). Una vez conseguido esto, los beneficios distributivos y de eficiencia se notarán en el mediano y en el largo plazos, con una distinta conformación del tejido social y productivo.
