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El Telégrafo

Desastre rural

12 de marzo de 2012 - 00:00

La población rural, que es la mayormente agredida cuando se originan eventos climáticos adversos como los actuales,  para el año 2008 significaba aproximadamente el 35% del total de los habitantes del país. Al respecto de estas cifras los expertos señalaban como causa de su disminución un proceso de urbanización iniciado en la década del 90 con la explotación petrolera, descuidando el  agro y el sector rural con un campesinado sin mayores incentivos para permanecer en el campo.

A estas restricciones de carácter estructural se añaden las suscitadas por las condiciones climáticas negativas para la actividad agrícola, principalmente para el sector de los pequeños agricultores.

Esta es la situación crítica que actualmente soporta la provincia de Los Ríos, provincia del litoral que está entre las cinco que generan el 95% de las divisas no petroleras y mantiene bajo cultivo aproximadamente el 89% de la tierra con aptitud agropecuaria, con el 42% de población rural.

En estas condiciones, es difícil realizar obras para controlar las inundaciones y lo que se puede hacer es tratar de mantener los servicios básicos para la sobrevivencia de la población rural: agua, alimentos, salud, comunicaciones y, sobre todo, establecer una evaluación cuantitativa y cualitativa de los daños sufridos que posteriormente nos sirva para elaborar una línea de base para planificar una respuesta permanente a futuras situaciones similares.  

En lo que respecta a la agricultura, de estas zonas conflictivas cada vez más extensas en los países en desarrollo, la FAO preconiza la necesidad de realizar una transformación para responder a los retos relacionados con el cambio climático y la seguridad alimentaria, para lo cual es necesario el apoyo institucional y financiero para la difusión metodológica del enfoque de ecosistemas para la transición de la agricultura tradicional a la denominada “Agricultura climáticamente inteligente”, coordinando con un gran número de agricultores en grandes zonas. 

La FAO y la Comunidad Europea han apoyado financieramente la aplicación de esta metodología como una actuación temprana para la solución del problema del clima, paralela a la de continuar con las conversaciones para un acuerdo mundial. Esta actividad en nuestro medio significaría una propuesta de solución al problema permanente que afronta el agricultor.

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