El presidente del Consejo de Participación transitorio anticipó su deseo de impulsar la convocatoria a una consulta popular que ratifique lo actuado por el órgano que preside y lo derogué en la Constitución. ¿Esto es posible?
Tras la enmienda constitucional de diciembre de 2015, la Asamblea Nacional modificó la estructura fundamental del Estado, con la validación de la Corte Constitucional y sin recurrir a la instalación de una asamblea constituyente.
Esta maniobra política, que transgredió los procedimientos de reforma constitucional, fusionó en una sola categoría práctica a la enmienda y a la reforma, antes distinguidas por el órgano competente para su tratamiento como por la profundidad de sus alcances.
En diciembre de 2015, tras reformar la norma de límites al ejercicio del poder presidencial, por la vía de la enmienda, se modificó la estructura fundamental del estado republicano, y esto condujo a una fundición categorial aprobada con un dictamen constitucional, cuya vigencia luego fue contradicha por la misma Corte. Sin embargo, la aprobación marcó un precedente inmodificable. Ahora la Constitución podrá ser modificada en su estructura fundamental indistintamente y bajo los mismos procedimientos tanto por la enmienda como por la reforma. Este precedente faculta a la Asamblea Nacional, por la vía de la enmienda, como al Presidente de la República, por la vía del referendo, ambos calificados constitucionalmente, a reformar la estructura fundamental del Estado y a expulsar del orden constitucional al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Este órgano, durante los diez años de autoritarismo revolucionario, sirvió para institucionalizar los abusos, estatizar la participación, tapar la corrupción y engordar a pocas barrigas agradecidas. Es momento de derogar este trasto inservible, impensable en cualquier democracia moderna, y devolver estas funciones a la Asamblea Nacional o pensar en regresar a un sistema senatorial. (O)
