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El Telégrafo
Patricio Benalcázar Alarcón

Derechos económicos y sociales en época de crisis

03 de enero de 2019 - 00:00

Uno de los derechos económicos fundamentales es el derecho al trabajo por el cual el Estado está obligado a garantizar a las personas una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y un espacio saludable. En esa perspectiva, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas, considera que la remuneración tiene relación con los conceptos de equidad e igualdad y debe garantizar la alimentación, vivienda, salud, educación y condiciones de existencia dignas.

Por otra parte, en materia de derechos humanos y particularmente en DESC un principio rector es el de progresividad y no regresividad de derechos, el cual establece que una vez alcanzado un determinado nivel de protección sea por disposición legal, política pública o jurisprudencia, todo retroceso frente a lo alcanzado debe presumirse en principio inconstitucional y por ello debe estar sometido a un control judicial estricto.

El Comité DESC reconoce que las crisis económicas, fiscales y políticas han dado lugar a la adopción de medidas de austeridad que socavan los avances logrados, sin embargo, plantea que los Estados deben evitar adoptar medidas regresivas sin una cuidadosa consideración y justificación; tienen que demostrar que esas medidas son proporcionales, temporales, necesarias, razonables, no discriminatorias y respetan sus obligaciones internacionales básicas.

Ecuador inicia el año 2019 con un conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno que afectan los derechos económicos y sociales de la mayoría de la población y se prevé la adopción de otras medidas que significarán desempleo y disminución de remuneraciones en el sector público.

Hay un arduo trabajo para la Defensoría del Pueblo y para la Corte Constitucional, instancias que en el marco de sus competencias están obligadas a velar para que las medidas que se han adoptado o se adopten no desconozcan derechos adquiridos y respeten normas y principios constitucionales y de derechos humanos.

Es preciso el funcionamiento de contrapesos democráticos para la vigencia de los derechos económicos y sociales en el país. (O)

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