Algunos sectores anticipan que el Consejo de Participación podría llenarse de correístas. Lo saben por tres razones: porque el voto correísta no se fragmentará, porque el voto nulo consensuado sí fraccionará al voto no correísta facilitando el acceso de los primeros, y porque las papeletas están tan mal diseñadas que estimulará el voto nulo por error. Todos estos son argumentos que se han sostenido a favor del voto válido.
En una reciente acción de inconstitucionalidad por omisión, presentada por un equipo de constitucionalistas, se aseguró que se vulneraba el derecho al voto libre porque la autoridad electoral no cumplió con la ley a la hora de asegurar la promoción de los candidatos, organizar debates entre ellos y difundir sus propuestas. Lo cierto es que, según la Constitución, en lo principal, el Consejo Nacional Electoral debe garantizar la promoción electoral y, en lo secundario, propiciar el debate y la difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas (art. 115). Ambas disposiciones se han cumplido.
Si para más de 81.000 candidatos seccionales se destinan $ 36 millones y para 43 aspirantes a consejeros se destinan $ 6 millones, está claro el desbalance publicitario. Mientras en el primer caso se destinan $ 444 por candidato y en el segundo casi $ 140.000 en propaganda electoral, se puede afirmar el imperativo de la garantía de la promoción electoral se ha cumplido. En lo secundario, propiciar el debate sobre la elección o sobre los candidatos es lo que ha sucedido en estos días, fijando la atención en la forma de contar los votos y de distribuir los puestos que es el verdadero problema de fondo. Nada dice la Constitución sobre alguna obligación que tenga la autoridad electoral para organizar debate alguno entre los candidatos. Lo que sí dice es que se propiciará el debate y, siendo esto lo complementario de la disposición, el debate resultaría en la consecuencia de la promoción electoral. (O)
