Luego de varios meses de pugna e incertidumbre, la salida de Jorge Yunda de la alcaldía de Quito pudo concretarse. El ex alcalde llegó al Municipio el 14 de mayo de 2019, con el 23,1% de los votos. Entre las propuestas planteadas al inicio de su gestión estaba eliminar la violencia de género, elaborar planes de reciclaje, garantizar el derecho de los animales, la eliminación de trámites burocráticos en el Municipio y una mejora del transporte público. Dos años más tarde, Yunda abandona su cargo en medio de cuestionadas acciones judiciales.
En febrero de 2021, con una pandemia a cuestas, Yunda fue vinculado a un proceso penal que investigaba supuestas irregularidades en la adquisición de pruebas PCR, utilizadas en la capital. Al ex alcalde se le prohibió la salida del país, pasó a portar un grillete electrónico y tuvo que presentarse periódicamente ante un juez y a la Unidad de Flagrancia. En marzo, luego de un allanamiento en su residencia, se hicieron públicos mensajes en los que se hablaba sobre la posible compra de cámaras y pruebas de covid-19, generándose un gran revuelo mediático que terminó con la remoción de varios funcionarios municipales.
Varios concejales solicitaron en abril un proceso de remoción de Jorge Yunda, producto de las denuncias de corrupción. El 2 de junio, Yunda fue removido por el Consejo Metropolitano, acusado de no cumplir las disposiciones establecidas en la legislación. Sin embargo, Yunda presentó días después una consulta sobre lo actuado por el Concejo Metropolitano ante el Tribunal Contencioso Electoral. El juez Arturo Cabrera notificó el 15 de junio al Concejo, que los documentos entregados carecían de orden y coherencia lo cual retrasó el proceso de aceptación del trámite presentado por Yunda.
La Secretaría del Concejo Metropolitano reenvió al TCE el expediente original, completo y foliado en forma secuencial. Cabrera admitió a trámite la consulta del Alcalde, sobre su proceso de remoción, ordenando que se notifique a las partes: el Alcalde, el Concejo Metropolitano y, la Secretaría General del Concejo. El 28 de junio la jueza Belén Domínguez aceptó parcialmente la acción de protección presentada por Yunda. Su argumento hacía referencia al incumplimiento de los criterios de imparcialidad que garantizan la transparencia del proceso.
El 1 de julio el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la legalidad del proceso. Jorge Yunda presentó una nueva medida cautelar que fue aceptada por el juez Carlos Soto y que impedía la ejecución de la remoción aceptada por el TCE. Ambas acciones presentaron irregularidades, denunciadas por el Consejo de la Judicatura, provocando la suspensión de dos jueces y cuatro funcionarios. Yunda señaló que el dictamen del TCE no impedía el ejercicio de su cargo, pues la jueza Domínguez había aceptado parcialmente la acción de protección presentada por él y llamó a varias reuniones del Concejo Metropolitano, las cuales provocaron el rechazo de varios concejales.
El 19 de julio, la Corte Provincial de Pichincha se pronunció sobre las medidas cautelares otorgadas por los jueces de Pichincha, siendo esta la instancia definitiva para este caso. La flamante ministra de Gobierno, Alexandra Vela, hacía su aparecimiento señalando en medios locales que la crisis institucional del Municipio era algo que estaba jurídicamente solucionado y que no existía objeción alguna a la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, respecto a la absolución de aclaración solicitada por Yunda, sobre su remoción como máxima autoridad de la capital. Fue la estocada final para el ya ex alcalde. El Gobierno se había pronunciado.
Concluye así una lamentable historia para el Municipio Metropolitano y para la ciudad de Quito. Queda en manos de los nuevos funcionarios una dura tarea para enrumbar a una ciudad que ha sido víctima de la mala gestión de sus autoridades.
