En España, entre 1998–2008, hubo un “boom” inmobiliario financiado por el sistema financiero. Con la adopción del euro en 2002, el BCE siguió una política de interés bajo que incentivó el crédito hipotecario aumentando la demanda de vivienda que sobrevaloró el precio de las casas. En la UE, la península aprovechó los fondos de ayuda para construir obras de infraestructura física, social y cultural. Hubo, en ese período, un crecimiento por arriba del promedio de la UE, aumentó fuertemente el empleo, la inmigración y los gastos sociales, pero también la inflación, pérdida de competitividad que generó un déficit en la cuenta corriente y aumento del endeudamiento interno y externo.
España depende principalmente de la construcción (vivienda e infraestructura pública), industria y servicios (turismo). Con el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, se contrajeron estos sectores. La crisis financiera internacional y de deuda soberana en UE disminuyó la demanda externa de productos y servicios españoles, principalmente de la UE, a la que destina 70% de exportaciones. Además, el menor precio de las casas provocó problemas de recuperación en
el sistema financiero.
Si bien la crisis se inicia en 2008, se manifiesta en 2009 con una contracción de la economía de -3,7%, en 2010 de -0,1%, por una reducción de la demanda interna, principalmente por la caída de la inversión, y en 2011 en IT 0,8% y II T 0% y la CE proyecta para este año (y 2012) un crecimiento de 0,7%. La crisis disparó el desempleo pasando de 11,4% en 2008, a 18% en 2009, 20,1% en 2010 y a agosto/11 llegó a 21,2%, que representa 5 millones de parados, saliendo afectados principalmente los inmigrantes y jóvenes. Se pasa de un “boom” a una profunda crisis que tiene rasgos estructurales, relacionados con el problema de la productividad, costos y competitividad. En lo social, se deterioró el estado del bienestar.
El ajuste fue con recorte del 5% de las pensiones superiores a 1.500 euros, la congelación salarial de los funcionarios, una reducción de costes en la salud y en la educación, así como una reforma del mercado laboral (menor coste de despido). Además, la reducción de salarios y personal del sector público, aumentos de impuestos a la renta y operaciones de capital, congelación de pensiones, ventas de empresas y activos del Estado, la reducción de gastos e inversiones públicas y eliminación de una serie de subsidios a personas.
La crisis y estas medidas llevaron a que el déficit fiscal llegue 9,2%, con reducción en 2011, y la deuda pública alcance el 61% del PIB; además, un déficit comercial y en cuenta corriente alto. Como efecto tenemos menor nivel de vida, incremento de pobreza de 19,7% (2007) a 21,8% (2011) y aumento del despojo de viviendas hipotecadas.
Esta situación y los errores cometidos por los socialistas llevará la derecha al poder que aplicará la receta ortodoxa: menos gasto social y reducción del sector público para disminuir déficit fiscal y deuda pública.
