En diciembre de 2015, el Estado ecuatoriano dejó de ser republicano. Una turba se preparaba para quedarse eternamente en el poder y estaban urgidos de exterminar el marco constitucional que se impusieron desde 2008. Entonces nació un régimen institucional autoritario pero con elecciones.
En la época se aprobaron unas reformas constitucionales que modificaron la estructura fundamental del Estado y la norma de límites republicanos al ejercicio del poder, aún con una prohibición expresa. Vistieron de constitucional un acto arbitrario de poder, sentaron un precedente con la Corte Constitucional de la época que validó el abuso y a todo este agravio llamaron como “enmiendas constitucionales”.
Una mayoría legislativa dominada por operadores políticos de la Revolución Ciudadana demolió las bases constitucionales del presidencialismo y modificó para siempre el procedimiento de reforma de la Constitución. Así fue como se fusionaron de por vida las figuras de la reforma y de la enmienda constitucional, aunque el acto que dio vida a este abuso hubiera sido declarado inconstitucional en la forma y derogado años después por la misma Corte Constitucional que lo admitió.
Una consulta popular en febrero de 2018 echó a la basura la reforma, pasada como enmienda, que modificaba la norma de límites temporales al ejercicio del poder presidencial. Entonces ¿puede la Asamblea Nacional, el Presidente la República, la sociedad civil acordar individualmente, o algunos de estos al mismo tiempo, una reforma constitucional a la estructura fundamental del Estado y eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o a la misma Función de Transparencia y Control Social? Sí, sí puede con base en el precedente del régimen autoritario.
En diciembre de 2015 la revolución unificó la reforma con la enmienda y hoy se puede modificar la Constitución sin una constituyente. Que los políticos con vocación democrática tomen nota sobre cómo salir de este atolladero. (O)
