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El Telégrafo
Íñigo Salvador Crespo

Control de daños

20 de mayo de 2018 - 00:00

El “caso Assange” no deja de provocar sobresalto, esta vez a causa de la noticia, difundida hace poco por el diario inglés The Guardian, de que el gobierno ecuatoriano habría gastado cerca de 5 millones de dólares en un operativo de vigilancia de 24 horas al día, en la embajada del Ecuador en Londres, desde junio de 2012 cuando el australiano se acogió al asilo. 

Los primeros despachos de prensa no precisaban si el propósito del operativo era vigilar al líder de WikiLeaks o, más bien, permitirle mayor conectividad con el mundo allende las cuatro paredes de 3 Hans Crescent. Pero ahora, la cosa parece clara: la millonada habría sido empleada en adquirir equipos de vigilancia de última tecnología para interceptar las comunicaciones telefónicas y por internet del incómodo huésped (pero también de los funcionarios de la embajada) y establecer perfiles de sus visitantes e interlocutores.

(Lo que nunca estuvo en duda es que la planilla la hemos estado pagando usted, apreciado lector y yo, modestos contribuyentes del erario nacional).

La noticia parece demostrar que el gobierno ecuatoriano tuvo siempre en claro que Assange era un arma de doble filo: si bien el “comodín Assange” le serviría al Ecuador para defenderse de las acusaciones de violación de la libertad de expresión que se ventilaban en los organismos internacionales (“¿cómo un gobierno violador podría estar protegiendo a este adalid del libre expresarse?”), también nuestros gobernantes de entonces sabían (o sospechaban) que Assange tenía información “hackeada” sobre ellos y su gobierno.

Entonces habrían decidido hacer lo que se conoce como “control de daños”. Si por algún motivo (por ejemplo, la entrega de Assange a las autoridades británicas) él decidiera publicar comprometedores e-mails, videos o llamadas de los jerarcas ecuatorianos, ellos podrían, a su turno, dar a cualquier ávido postor (que los habrá muchos) la información de Assange recogida durante el tiempo de su “detención forzada”.

La noticia de The Guardian sería, entonces, una advertencia disuasiva. (O)

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