En promedio, una constitución se expide casi cada 9 años en Ecuador desde que en nuestro país se diera su primera carta política en Riobamba en 1830.
Cada una de estas 20 constituciones respondió a distintas necesidades de redistribución de los equilibrios de poder. Cada una expresó una coyuntura específica para la negociación política entre los sectores de presión que gravitan alrededor de las instituciones de poder y el reparto de los mecanismos para ejercer la autoridad real.
Una nueva constituyente posibilitaría eso: el último resquicio para que el correísmo intente recuperar un espacio de influencia en la mesa de las negociaciones. Por eso preparan marchas que por el momento son un fracaso pero que con el tiempo podrían engrosarse y cuya finalidad no es reclamar por algo sino provocar caos callejero.
Por eso presionan para instalar una nueva constituyente, cuya finalidad no es posibilitar una reforma constitucional sino participar en un nuevo reparto. Entonces les urge dar un golpe de Estado palaciego a la institucionalidad judicial. Si una nueva constitución se expide en Ecuador casi cada 9 años esto quiere decir que los elementos de la política, sus actores formales e informales, como las instituciones sufren distintos cambios que no resisten más de una década.
Entonces, la última Constitución, la nacionalsocialista de 2008, la de los 300 años, podría haber caducado en 2017, hace dos años al día de hoy, lo que coincide con el tiempo que el presidente Lenín Moreno lleva en el ejercicio de la jefatura del Estado. Quiere decir también que el pacto político contraído desde Montecristi por las élites partidarias, empresariales, sociales y sindicales debe revisarse, y que el plan de perpetuación, que debía inevitablemente pasarse por una constituyente, hubiera funcionado si Moreno no les hubiera dado la espalda.
Por esto, para evitar el retorno del fantasma de la autocracia lo mejor será descartar el libreto constituyentista. (O)
