El 12 de diciembre de 2016 fue un día especial, puesto que la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (Comjib) y la Fundación Carlos III condecoraron al presidente Rafael Correa Delgado por su trabajo en favor de la justicia. Es la primera ocasión que se otorga esta distinción a un presidente iberoamericano.
La Comjib es una organización que tiene como objetivo mejorar la justicia en la región iberoamericana, promoviendo para ello la creación de políticas públicas aplicables por los Estados miembros (que son 21) y la conformación de alianzas regionales y subregionales como herramientas para la construcción de un espacio jurídico más cohesionado. En tanto que la Fundación Carlos III y su Foro Iberoamericano es una entidad conformada por 16 presidentes y sus embajadores acreditados en España.
En la consulta popular convocada por el presidente Correa, que se realizó el 7 de mayo de 2011, el pueblo ecuatoriano ordenó la reforma estructural de la justicia, puesto que en tiempos de los gobiernos neoliberales la ‘justicia’ era administrada a favor del mejor postor. ¿Quién da más?, era la pregunta que se escuchaba en boca de los jueces que habían sido designados por la partidocracia. Desde luego, los poquísimos administradores de justicia probos -que sí existían- confirmaban la regla.
A tal extremo llegó la corrupción que el ingenio popular bautizó al edificio de la Corte de Justicia del Guayas como la ‘cueva de Alí Babá y los cuarenta ladrones’. Para la partidocracia la administración de justicia era un negocio más, porque a la libertad también la transformaron en mercancía. Los ladrones de corbata se paseaban -sin ruborizarse- por las calles de las ciudades y pueblos de la patria; mientras los pobres -que no tenían para comprar al juez que manejaba su caso- sufrían largas condenas en celdas nauseabundas.
La aplicación del Código Orgánico Integral Penal, en vigencia desde 2014, se ajusta a los más altos parámetros en materia de derechos humanos a nivel regional y mundial; en él se reconocen delitos como los de lesa humanidad, de graves violaciones a los derechos humanos y de violencia de género, como el feminicidio.
La gratuidad de los trámites judiciales democratizó el acceso; la implementación de la oralidad con la aplicación del Código Orgánico General de Procesos, aprobado en 2015, posibilitó dinamizar los trámites y acortar los tiempos.
La construcción de nuevos centros regionales de rehabilitación social permitió incorporar 12.000 plazas, logrando una importante reducción del hacinamiento.
La aplicación del Modelo de Gestión Penitenciaria dignificó el trato a las personas privadas de libertad. Se apuesta por su rehabilitación y reinserción social desde la atención en los ejes de Salud, Educación, Laboral, Cultural. Son algunas razones para el reconocimiento iberoamericano.
Es otra orden del pueblo ecuatoriano cumplida al pie de la letra por el gobierno de la Revolución Ciudadana. El sistema de justicia en Ecuador se ha fortalecido, convirtiéndose de país receptor de cooperación a país referente de conocimiento.
Se trata de una merecida distinción internacional en medio de una anticipada campaña electoral, en la que candidatos de la oposición se han encargado de convertirla en incolora, inodora e insípida. (O)
