Durante la época colonial, América Latina estuvo sometida al monopolio comercial impuesto por la Corona de España. Pero una vez independizados, los nacientes países de la región se incorporaron al mercado internacional en forma autónoma. Naturalmente, lo hicieron bajo las condiciones en las que se hallaban: todos eran países esencialmente agrícolas y “precapitalistas”, que contrastaban con el avance capitalista que, en cambio, aventajó a Europa y progresivamente a los Estados Unidos.
Pero durante el siglo XIX, las “metrópolis” europeas buscaron imponer su libre comercio sobre América Latina. Una flota francesa bloqueó Buenos Aires, otra anglofrancesa reclamó la “libertad de los ríos” en el Paraná, España amenazó costas en el Pacífico, Francia impuso un emperador en México, e Inglaterra literalmente forzaba a que se celebraran tratados de comercio que incluyeran la cláusula de “nación más favorecida”, que implicaba la concesión latinoamericana de ventajas exclusivas para esta potencia. Hubo patriotas que lucharon contra esos intervencionismos. Pero también gobernantes, empresarios y políticos latinoamericanos que se pusieron del lado de los “invasores”.
Han sido recurrentes en la historia latinoamericana las imposiciones imperialistas en el siglo XX. Y en 1994 los EE.UU. promovieron la creación del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) para proyectar, por sobre todo, sus intereses económicos. Al no tener viabilidad la propuesta, encontraron mejor solución en la suscripción, país por país, de Tratados de Libre Comercio (TLC), defendidos por empresarios y políticos latinoamericanos igualmente movilizados por sus intereses privados y no por los de la nación. Y en nuestros días, la Unión Europea (UE) también se interesa por suscribir TLC con América Latina, partiendo de las condiciones fijadas por sus particulares intereses, que quieren aprovechar sobre todo en las esferas de los servicios, compras públicas y propiedad intelectual, que son los más sensibles frente al simple intercambio de bienes.
En ese marco histórico, los defensores ecuatorianos de un TLC con la UE reviven, como en el pasado, la defensa de sus propios intereses privados y, aún más, los de las potencias centrales, traicionando los del Estado nacional.
Demuestran su incapacidad para pensar en negociaciones comerciales que preserven la soberanía y los intereses del país por sobre los que simplemente son aspiraciones por buenos negocios empresariales.
