La noche del 25 de diciembre se resolvió la liberación de Paola Pabón, Virgilio Hernández y Christian González, tres dirigentes políticos acusados de rebelión por el intento de golpe de Estado durante las protestas de octubre.
Hace unos días se reformularon los cargos. Antes se les acusó de una rebelión sancionada con una pena de 7 a 10 años y ahora se les acusa de una rebelión sancionada con una pena de 5 a 7 años. Cinco días después se ordenó la sustitución de la prisión preventiva que “no cabe (…) en las infracciones sancionadas con pena privativa de la libertad superior a cinco años” (art. 336, COIP).
No es necesario ser un experto en matemáticas para saber que técnicamente entre el 5 y el 7 existen millones de números superiores al 5 y que solo uno entre esos millones es el 5. Al atribuir judicialmente una pena se añaden o sustraen fracciones de tiempo, expresadas en meses, según la gravedad de los actos imputados.
Pero si Pabón, Hernández y González recibieran una pena de 5 años y 1 día, esa pena sería estrictamente superior a los 5 años, pero ¿cómo supo la jueza que los encausados recibirán precisamente 5 años?
Interpretar ideológicamente la norma jurídica no la hace técnica, sino lo contrario. La técnica jurídica debe responder a un método científico, aceptando que cualquier interpretación y argumentación humanas estarán siempre expuestas a errores, prejuicios y preferencias subjetivas. Para buscar reducir ese defecto humano una interpretación que aspire a ser técnica debe aplicarse de la forma más fría y literal. El derecho penal es literal. Ahí donde dice “no cabe” se entenderá eso, una prohibición precisa. La Fiscalía pidió reformular los cargos, la petición es aceptada y precisamente allí es cuando la defensa de los acusados solicita la sustitución de la prisión preventiva que es concedida con un argumento falaz.
Aquí algo se carcome. Piensa mal y acertarás. (O)
