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Ecuador/Mié.21/Abr/2021

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Cristian Bravo Gallardo

Catorce años después

06 de marzo de 2021 00:00

Iniciado el periodo legislativo en enero de 2007, los partidos Social Cristiano (PSC), Sociedad Patriótica (PSP), Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) y Unión Demócrata Cristiana (UDC), formaron un bloque de mayoría que buscaba levantar el candado constitucional para que las reformas a la Constitución sean realizadas desde Congreso, lo cual se oponía a los intereses de Rafael Correa (presidente electo), de convocar a una Asamblea Constituyente con plenos poderes.

Ya en el poder, Correa envió al Tribunal Supremo Electoral el estatuto a aprobarse para que se realizara el llamado a consulta popular.​ El TSE remitió dicho estatuto al Congreso, el mismo que fue rechazado, pues este debía haber sido revisado en primera instancia por el Legislativo. Para ese entonces, Correa arremetía fuertemente contra de la entidad electoral, señalando que si esta no tomaba una decisión, formaría un Tribunal adhoc que tramitara la consulta.

El 28 de febrero el Tribunal Supremo Electoral recibió un nuevo estatuto por parte del presidente Correa, donde se dejaba la puerta abierta a la revocatoria del Congreso y del presidente. A pesar del anuncio de que el nuevo estatuto sería remitido al Congreso, el TSE lo aprobó de manera arbitraria, anunciando que la consulta popular se llevaría a cabo el 15 de abril del mismo año.

El 6 de marzo, la mayoría del Congreso votó a favor de la “sustitución” del presidente del Tribunal Supremo Electoral, la titularización de su suplente y el llamado a juicio político para los cuatro vocales que aprobaron la convocatoria a consulta popular. El TSE fue más allá y el 7 de marzo, aprobó con 4 votos afirmativos (de 7) la destitución de los 57 diputados que votaron a favor de la sustitución del presidente de esa entidad y del pedido a juicio político a los 4 vocales. El argumento del entonces presidente Jorge Acosta, fue que el TSE era la máxima autoridad en aquel período y que dentro de sus facultades, podía destituir a cualquier funcionario que intentara frenar la consulta popular.​

La destitución de 57 diputados titulares, permitió que el Gobierno establezca acercamientos con los diputados suplentes. En una reunión clandestina en una hostería de Puembo, el secretario particular del Ministro del Interior, Gustavo Larrea, se reunió días más tarde, con 38 suplentes, quienes al ser sorprendidos por la prensa, huyeron envueltos en manteles, naciendo la conocida frase de “diputados de los manteles”.

La Policía, por su parte y también por disposición del ministro del Interior, fue la encargada de impedir el ingreso de los diputados destituidos a las instalaciones del Congreso, ocasionando que el Legislativo esté más de un mes paralizado por falta de quorum. Finalmente, el 10 de abril se realizó la primera sesión del mismo ya con la presencia de los diputados suplentes.

El 23 de abril el Tribunal Constitucional falló a favor de los diputados, ordenando que se restituyera el cargo a 50 de ellos. La sesión fue interrumpida por huestes correístas que se tomaron las instalaciones del Tribunal Constitucional y el 24 de abril, el Congreso de los manteles, ya servil al Gobierno de turno, destituyó a todos los vocales del Tribunal Constitucional, anulando la decisión del TC de devolver los curules a los parlamentarios. Para noviembre del mismo año, el Congreso Nacional era cesado en su totalidad por la Asamblea de Montecristi.

La jugada de dejar fuera a la oposición a través de aquel turbulento proceso, permitió que en apenas nueves meses de gobierno, el correísmo pase de una situación minoritaria, a una situación de poder extremo, con el control absoluto de una Asamblea de plenos poderes. El Ecuador pasó a ser gobernado por una agrupación política liderada por un caudillo que al poco tiempo, demostró su intolerancia, trasladó el conflicto político a las calles, metió las manos en la justicia, amordazó a la prensa, cooptó a las Fuerzas Armadas involucrándolas en áreas estratégicas, persiguió a sus opositores y estableció un estado de propaganda dirigido a ocultar la corrupción, profundizar la confrontación y enaltecer la imagen de su principal figura.

Catorce años después la confrontación se mantiene en el país y la ciudadanía continúa su lucha por derrotar a un populismo que no se ha ido y que busca con ansias retomar el poder. 

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