Los últimos hechos sucedidos en Brasil confirman la vieja idea de que la democracia no basta para configurar niveles de justicia social y respeto a los derechos de las personas. Y evidencia, además, que la vertebración (oligárquica) de los Estados luego de las luchas por la independencia a fines del siglo XIX, devino en una careta para ocultar el carácter clasista del estándar de representación incubado en el poder y al servicio del poder. Por supuesto, la culpa no se concentra en una clase sino en las relaciones de poder que esa clase identifica y consolida como correas de trasmisión de una ideología y una conducta social manejable. Todo en función de reproducir el modelo de control político necesario para el predominio de los fuertes.
Eso significa también que el marco institucional, sobre todo el jurídico, debe corresponder a ese predominio en virtud de los intereses que se juegan en la cancha de la economía y la política. Los diputados brasileños lo captan muy bien y por eso jugaron la parte que les concierne en el ‘proceso’ contra Dilma Rousseff. Allí calza con holgura la mítica división de poderes que los demócratas liberales defienden para decorar de equilibrio y justicia un sistema que protege -sin condiciones- a quienes salvan la contabilidad de las élites.
La lección es clarísima entonces para los gobiernos progresistas: no se puede marcar una inflexión política cuando se mantienen las instituciones forjadas por unas relaciones de poder que sirven más al statu quo que a la ruptura y la construcción de otra razón social colectiva. Por ejemplo: la impudicia con que los medios brasileños han (mal) tratado la información y la contextualización de la investigación judicial contra la señora Rousseff, muestra cómo los vínculos fácticos de estos se corresponden con la represalia política del viejo poder, o sea, la libertad de expresión es la libertad de venganza.
El regreso político de Ignacio Lula da Silva también es un motivo para empujar la caída de Dilma: la venganza ha de ser completa. Pero claro, cuando se han tenido cuatro gobiernos (dos de Lula y casi dos de Rousseff), una se pregunta por qué la reforma en Brasil impidió remover las estacas de una institucionalidad que tarde o temprano cobraría caro, sobre todo a Lula, el intento de darles a los pobres un lugar en la tierra-Brasil. Y una se interroga, también, si la reforma es la opción de los pobres o la opción de los que simulan aguantar alguna perrada (circunstancial) de tipos como Lula.
Pero la respuesta es que las élites no están dispuestas a aceptar otra perrada política y menos de alguien que simbólicamente puede ser aprovechado por pobres y ricos. El camino, entonces, es, desde ya, ¿renegar de Lula?
Tal contexto, apenas alegórico, ratificaría que la democracia no se presta, y no es Lula -ni Dilma- quienes lo van a desvirtuar. Ergo: la democracia debe volver a la clase que la consiente. Gran tarea política dentro y fuera de Brasil. Las relaciones de poder anulan la división de poderes. Es la amenaza real de procesos que no se radicalizan ni rompen la institucionalidad oligárquica. Hoy Brasil es un espejo, atenti, ¡atenti! (O)
