Bárbaro pedido a la OEA

- 20 de diciembre de 2017 - 00:00

En medio de las confrontaciones de AP, que la han afectado más en su débil organización y gestión, si algo resulta intolerable e indignante es la denuncia esgrimida por Ricardo Patiño, excanciller de la RC con el apoyo de Rafael Correa, ante Luis Almagro de la OEA. En efecto, en Panamá le entregaron una carta a este traidor del pueblo uruguayo y de su líder José Mujica, que está en ese organismo al servicio de EE.UU. y su política imperial. Es el mismísimo lacayo internacional que conspira con la derecha continental contra los gobiernos progresistas de la región.

En la carta, “denuncia” una supuesta grave alteración del orden constitucional, que “afecta el orden democrático”, “propiciada por el presidente Moreno” al convocar la consulta popular (¿?). Solicita, muy suelto de huesos, que se pronuncie, que convoque al Consejo Permanente, active la “Carta Democrática” y realice gestiones para “normalizar” la situación; por fin, pide “de ser el caso”, se convoque a la Asamblea General de la OEA.

¡Qué barbaridad! Buscar a través de Almagro y la OEA, a EE.UU. y gobiernos de derecha, para que “restablezcan el orden constitucional” en Ecuador. Esa derecha que conspira una y otra vez, que hace fraudes, como en Honduras; esa OEA que hasta hace poco la reconocía como sumisa a la política de EE.UU., que la asumía como su “Ministerio de Colonias”; a la que se debía sustituir por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Se perdieron los estribos. Y todo por la consulta popular que apunta a la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana. Se echó por la borda toda una aplaudida política internacional de soberanía y dignidad, se olvida del objetivo bolivariano de la Patria Grande. Es lamentable que quienes la forjaron e hicieron respetar a los principios de autodeterminación y no intervención, ahora denigran de ellos e impulsan el más rapaz intervencionismo, para evitar una consulta, expresión democrática elevada, que jamás puede, como argumenta, “alterar el orden constitucional”.

Es condenable esta acción política. Bien ha hecho la Canciller al rechazar esto y advertir a Almagro sobre su apresurada acogida, para emitir un “informe técnico-jurídico”. No es ilusoria una rectificación a tamaño despropósito. Esperémosla, para bien del país. (O)