La propuesta del presidente Rafael Correa de financiar el “bono de desarrollo humano” con parte de las utilidades de los bancos provocó un terremoto.
Los banqueros, apoyados por sectores empresariales, opinadores y medios aliados con sus intereses, cuestionaron la propuesta en forma amenazante: caerá la liquidez, los créditos, la seguridad de los depositantes y la reinversión productiva de las ganancias.
Al mismo tiempo, Ecuador ha podido conocer las remuneraciones de los “gerentes”, que llegan hasta 78 mil dólares mensuales, es decir, más que el doble de lo que gana al mes el presidente norteamericano Barack Obama ($ 33.394), mientras el promedio de sueldos de los empleados bancarios bordea un mil dólares.
El país también conoció que, desde hace meses, la Asamblea Nacional había reducido en 10 puntos el porcentaje de impuesto a la renta que debían pagar los bancos (las empresas 25% y los bancos 15%) y que, además, los exoneró del pago del IVA. La ley que envió el Presidente a la Asamblea suprime tales privilegios y permite la regulación de las remuneraciones de los “gerentes”. Los banqueros alarmaron a la sociedad con consecuencias financieras apocalípticas.
Pero, más allá de las reacciones, ha llegado el momento histórico de repensar sobre una serie de supuestos económicos y sociales.
Si bien bajo el capitalismo las utilidades empresariales están socialmente legitimadas y legalmente reconocidas, ello no significa que su origen, su uso y su reparto sean algo incuestionable y hasta sacrosanto. Más aún en América Latina, región en la cual la concentración de la riqueza la ha convertido en la más inequitativa del mundo y donde la historia bancaria nunca ha sido color de rosa.
El capitalismo latinoamericano no ha resuelto la contradicción entre la generación social de las utilidades y la apropiación privada de las mismas, que en el caso de los bancos es aún más visible, pues operando con dinero ajeno, los banqueros se apropian de utilidades que, como ha ocurrido en Ecuador, incluso sirven para remunerar a los “gerentes” en forma escandalosa.
América Latina puede perfectamente comenzar a discutir la legitimidad social y jurídica de las ganancias y, sin duda, empezar también a regular las remuneraciones gerenciales, inaugurando así políticas económicas históricamente inéditas, pero que tienen por base la redistribución real y efectiva de la riqueza, para beneficio de la sociedad y no para alimentar su concentración en una élite.
