Recientemente se han hecho públicos numerosos casos en los cuales la fijación de avalúos de predios urbanos en la ciudad de Quito, ha resultado en valores desmedidos y exorbitantes, que -además- con frecuencia, afectan a propietarios que están muy lejos de poseer los recursos para honrar las obligaciones determinadas por la autoridad. Aunque los reclamos han llevado, en algunos casos, a revisiones, no debe dejarse pasar la ocasión para reflexionar sobre las razones que subyacen a estos excesos administrativos.
Puede proponerse que estos resultan -al menos en algunos casos- de la confluencia de una cultura organizacional y de unos incentivos (recompensas y sanciones) que fuerzan al burócrata a intentar maximizar a como dé lugar el interés del Estado por sobre el del ciudadano. En teoría, el servidor debe actuar teniendo como prioridad el bien del público: el Estado debe ser tan solo un instrumento de dicho bien, y debe ser preferido solo en tanto y en cuanto su acción sea -efectivamente- una contribución al ciudadano. El funcionario debe ser capaz de distinguir ambas cosas en su actuación y no lanzarse ciegamente a engrandecer al Estado, sin considerar reflexivamente las consecuencias de su accionar sobre los seres humanos.
Podría sostenerse que en un Estado democrático el interés público y el interés de las instituciones oficiales coinciden necesariamente. La historia y la experiencia no avalan este optimismo. Sabemos de sobra que las burocracias desarrollan sus propios intereses y sus propias agendas, así como también las desarrollan sus integrantes individuales. Por lo demás, hay fundadas razones para pensar que la naturaleza democrática de nuestros gobiernos nacionales y locales es muy problemática. Sería un cambio verdaderamente revolucionario reconceptualizar radicalmente el manejo de la administración pública para promover entre sus integrantes prácticas y valores que vuelvan a poner al ser humano como centro de la praxis del funcionario. (O)
