Rafael Correa manifestó su deseo de solicitar el asilo político en Bélgica. El ex-Presidente calificó como una “persecución política” el avance de las investigaciones penales que pesan en su contra. La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce esta institución internacional como una facultad de petición a favor de las personas que sufren el riesgo de la extradición por delitos políticos. ¿El ex-Presidente tiene el derecho al asilo en Bélgica?
El asilo es un derecho que proviene de la palabra griega “ásylon” que significa sitio inviolable. Según la RAE, asilo es un lugar privilegiado de refugio para los perseguidos, que son considerados como fugitivos políticos cuando su estatus de protección es concedido tras haber sido desterrados o haber huido de su país por motivos ideológicos.
Un delito político es el cometido en contra de un Estado o de su modelo institucional. Una revolución fallida, una insurrección militar, una sublevación armada, una rebelión social o una revuelta masiva que interpelen la estabilidad de un sistema institucional son delitos políticos. La llamada “revolución ciudadana” no aplica porque, en sentido estricto, no fue una revolución.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho al asilo salvo en los casos solicitados por encausados que son requeridos por delitos comunes (art. 14.2). Un secuestro es un delito común y Correa no es un perseguido ni ha cometido ningún delito político.
Bélgica establecería un antecedente perverso para la institución internacional del derecho de asilo si ofrece protección a un encausado, por muy expresidente que fuera, requerido por la justicia por un delito común. Bélgica se ataría a recibir a centenares de prófugos de la justicia ecuatoriana, encausados para responder por la década de desfalcos al erario público, por el uso del poder para desagravios personales o por los secuestros, desapariciones forzadas, torturas u otros crímenes de Estado en investigación. (O)
