Si no lo entienden les hago un dibujito, parece haber sugerido Laura Terán sobre la supuesta estructura de sobornos en el caso Arroz Verde. El papelógrafo no puede ser más simple, contundente y, por ello, verosímil. Ha dividido su relato en dos grupos: autoridades gestoras y beneficiarios; dentro de estos últimos, a su vez, en beneficiarios electorales y otros. Las autoridades gestoras, según el bosquejo, tuvieron a cargo varias empresas que habrían sido sobornadas a cambio de contratos con el Estado.

El expresidente Correa se ha defendido manifestando que nada lo inculpa y que se ha ratificado que esto constituía únicamente un Fondo de solidaridad con aportantes voluntarios. En efecto, Terán también ha señalado la existencia de este Fondo. No deja de llamar la atención la dimensión solidaria de Alianza PAIS en medio de semejante estructura.

Al parecer, estos fondos han sido movilizados en las sucesivas campañas electorales de acuerdo con los archivos que la asistente de la presidencia dice haber elaborado y luego destruido. De esta manera, el caso Arroz Verde va sedimentándose en una especie de cocolón que ya corre el riesgo de quemarse.

La financiación de empresas a campañas electorales en América Latina es un lugar común, aunque sea un delito. Todos los presidentes acusados por el caso Odebrecht lo han sido bajo el mismo esquema de sobornos para costear elecciones. Por ello resulta crucial abrir un serio debate sobre el financiamiento de la política por parte de grandes empresas.

La corrupción política y electoral salta a la vista, por ello se trata de debatir si reforzar las regulaciones podrá combatirla, o bajo qué esquema esto podría ocurrir. Estos hechos cuestionan también la equidad electoral y la propia legitimidad de las denominadas “victorias” electorales de Alianza PAIS.

La financiación privada de actividades políticas satisface intereses particulares. Quienes apuestan por uno o varios candidatos lo hacen como una inversión con retorno futuro. Más allá de los delitos tipificados hoy, es necesario un análisis sobre prácticas para fomentar la transparencia política y regulaciones que sean coherentes y aplicables. (O)