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Ecuador/Dom.19/Sep/2021

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Juan José Alencastro Moya

Aislar, invisibilizar, deshumanizar

27 de julio de 2021 00:49

La idea de separar del grupo a quien ha trasgredido una norma se nos presenta desde una corta edad, quizás por el castigo parental que ordena al hijo o hija que ha incumplido sus obligaciones a quedarse en su cuarto, quizás por el profesor que retira del salón de clases al estudiante que ha hecho algo incorrecto. Así, se normaliza aislar a quien no ha respetado el pacto social, por lo que no debería sorprendernos que nuestros legisladores, fiscales, jueces y conciudadanos, consideren que casi toda conducta contraria al derecho deba ser una infracción penal y que casi toda infracción penal merezca una pena privativa de libertad.

Una vez encarceladas, las personas privadas de libertad (PPL) permanecen olvidadas, hasta que, cada cierto tiempo, una nueva masacre dentro de algún centro de rehabilitación social nos alarma y nos recuerda que en esos fríos y crueles pabellones sobreviven seres humanos cuya suerte desconocemos porque hemos escogido invisibilizarlos.

Ventajosamente, le guste a usted o no, el Estado sí tiene una serie de obligaciones respecto de las PPL de conformidad con nuestra Constitución y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en las que se establece que el Estado es el garante de los derechos de quienes se encuentran bajo su cuidado por estar privados de su libertad.

Entre tantos otros deberes, el Estado ecuatoriano debe evitar el hacinamiento y cumplir con ciertos mínimos indispensables en temas sanitarios, así como con las condiciones suficientes para el cuidado de la salud física y mental de las PPL; pero, sobre todo, el Estado es el responsable de proteger la integridad y la vida de quienes están bajo su cuidado. El incumplimiento de estas obligaciones debe ser objeto de investigación y, de ser el caso, juzgamiento y sanción a nivel nacional, e incluso podría generar responsabilidad internacional.

Muchas voces irreflexivas dicen que las PPL no merecen derechos humanos, porque “los han perdido”, y que se necesitan medidas más drásticas para controlar a la población carcelaria. Esas voces olvidan que, en una justicia susceptible a errores (como la ecuatoriana), cualquiera puede terminar privado de su libertad, por ejemplo, por un negocio fallido o por un accidente de tránsito. Quizás entonces los derechos de las PPL sí les resulten convenientes.

Más sobre este tema cuando el siguiente incidente violento o masacre nos recuerde a quienes hemos decidido aislar, invisibilizar y deshumanizar.

 

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