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El Telégrafo
Carlos Silva Koppel

#AbortoPorViolación

07 de enero de 2019 - 00:00

No resulta tan asombroso que, al día de hoy en nuestro país, aún esté penalizado el aborto en casos de violación. No lo es porque no somos la potencia mundial de la lógica y del pensamiento. Más bien somos muy básicos al momento de abordar fenómenos sociales que demandan reflexión, conocimiento de la realidad social, uso del recurso de las ciencias sociales y abstenerse de romanticismos.

Cuando las palabras “aborto” y “violación” van en una misma línea nos espanta leer “aborto”, sin que se nos ocurra como una opción ante el horror de la violación.

Más allá de que el Estado es laico y que los Derechos Humanos deban prevalecer sobre las leyes obsoletas, al centrarnos únicamente en un tema que debe estar superado, no debe ser un crimen que una adolescente no desee ser la madre del hijo de quien la ha violado.

Por eso toma sentido que hayan grupos sociales encaminados en esta lucha, porque es atrasa pueblos que una mujer, en su mayoría menores de edad víctimas de violaciones, vayan a la cárcel o mueran si deciden abortar el engendro de la violación.

La despenalización evitaría que mujeres violadas no tengan que cargar obligadamente con esa maternidad, siendo eso otra forma de violación, pero en Derechos Humanos.
Dios, en cualquiera de sus nombres, nunca está presente cuando el perverso viola. Así que es mejor no mezclar lo religioso con las leyes humanas.

Si la estadística registra aproximadamente 11 violaciones al día, ¿podemos pensar en el número de víctimas al año? Desgraciadamente, la ignorancia donde nos enclaustra la clase social, los medios digitales y el apuro de la cotidianeidad, nos hace pensar menos al respecto de la problemática y lo primero que se considera es culpar a la víctima.

Y ojo, que en el aborto por violación de alguna manera está en el campo de la víctima intentar lidiar con el problema. ¿Qué hacemos con los violadores? China: castración química; Francia: inhibidores del deseo sexual y castración química a elección; Perú y Chile: hasta prisión vitalicia. (O) 

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