Cuando en 2014 se discutió despenalizar el aborto en el nuevo Código Penal, se reprobó a quienes apoyaban otras causales distintas a las que en efecto aprobó la Asamblea: cuando el embarazo pone en peligro la vida de la madre y cuando es consecuencia de la violación a mujeres con discapacidad mental. Hoy enfrentamos las consecuencias de tamaña irresponsabilidad.
No se ha querido discutir las situaciones derivadas del abuso sexual, que incluso atentan contra los derechos reproductivos y los derechos de las mujeres, quienes en última instancia son las que deben elegir cuándo y cuántos hijos tener. Es oportuno considerar aspectos relevantes con motivo de las recientes denuncias de abuso infantil (rechazable desde cualquier frente).
Según datos de salud de Ecuador, al año existen 23.000 abortos, aunque extraoficialmente podrían llegar a 90.000; 10% es espontáneo, es decir la mayoría son autoprovocados, convirtiendo al aborto en un problema de salud pública. El riesgo de muerte por aborto inseguro, en malas condiciones de salud, es 7% (2.160 casos).
Otras cifras hablan de 15% de muertes, es decir: la tercera causa de mortalidad en mujeres. Los suicidios de mujeres entre 10 y 18 años se relacionan con violencia y embarazos precoces. Existen 3.684 embarazos de niñas de 10 a 14 años. Todas fueron violadas o abusadas sexualmente, y aunque la Fiscalía diga que solo son 30% las violadas, el propio Código Penal considera violación a cualquier acto sexual en menores de 14 años, o sea todas.
Se dan 14 denuncias diarias de violación, 2 partos de cada 10 son de adolescentes y la maternidad infantil ocurre en 9 de cada mil niñas. Es deplorable habituarse a las violaciones y que desde el Estado se muestre solo el lado criminal del abuso sexual a niñas, mientras se omite el tema de los embarazos no deseados, que son resultado del problema.
La propia OMS y el Observatorio de Derechos Humanos abogan para que el Estado ecuatoriano incluya, como causales de aborto, a la violación en general, el incesto y los problemas genético-malformativos, y que sean opciones de salud bio-psico-social, sin criminalizar a las mujeres.
Si en verdad se quiere combatir el abuso infantil y adolescente, y las violaciones que terminan en embarazos, ineludiblemente se debe ir a fondo en la interrupción del embarazo como una necesidad de salud y un derecho de las mujeres en general y de las niñas y adolescentes violadas; caso contrario, las mujeres seguirán sufriendo triple agresión: la violación, el embarazo no deseado y el ser madres a la fuerza. (O)
