Hay un cierto consenso entre los perdedores de la consulta de 2018. Coinciden en que los ecuatorianos somos tontos, que no obramos con nuestra propia voluntad y que los resultados son propiedad del gobierno que ellos mismos instalaron en el poder. Aseguran que nunca quisimos inhabilitar a los corruptos de la vida pública o eliminar la reelección a perpetuidad, los dos pilares que sostuvieron el poder de revolución ciudadana.
Los perdedores de la consulta de 2018 son menos del 27% de los electores. La cifra se deduce de lo obtenido por la oposición a la pregunta de la consulta sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos en contra de los niños. Esta aberración es la única forma matemática de calcular el voto duro del correísmo de entonces. Pero tampoco puede afirmarse que esta cifra sea el capital político de nadie. Es lo que corresponde al voto populista histórico que hoy se podrían disputar entre algunos.
La actual coincidencia entre los perdedores de 2018 ratifica su tendencia populista, antidemocrática y autoritaria. Para éstos el mundo se divide únicamente en dos mitades. Por eso es imposible darles algo de crédito. Simplemente, es ridículo pensar que la sociedad se debata entre correístas y anticorreístas. Sin embargo, repetirse este autoengaño es cuestión de subsistencia porque los mantiene vivos, victimizados y reflotados, pero en un entorno que los señala como los responsables de un sistema de corrupción que ellos cimentaron y que todos los días estalla en nuevas denuncias.
Para los tercos de hoy de las “7 veces no” el voto de los ecuatorianos no expresó aprobación por un conjunto de demandas urgentes sino por un gobierno.
Cualquier desprestigio a la consulta de 2018 es una vil tontería. La multitudinaria aprobación popular de la consulta expresó el rechazo contundente a las ínfulas de perpetuidad de Rafael Correa como a su sistema de corrupción rampante.
Los aplastantes resultados en la consulta son absolutamente legítimos. Punto. (O)
