Salud y negocios

- 07 de febrero de 2015 - 00:00

Cuando se fortalecen los servicios médicos públicos para cumplir la política de universalidad y calidad, sin costo, los fondos de inversión y operación benefician al sector privado (construcciones, equipamiento, industria farmacéutica), e incluso a clínicas que se contratan, y a médicos -ni se diga cirujanos- que se enriquecen (la consulta de especialistas pasó de cuarenta a sesenta dólares en Quito).

Lamentablemente se ha priorizado lo curativo hospitalario, que incluye el tema de medicamentos (aunque el semáforo de alimentos sea buen ejemplo de promoción de salud). El único que puede controlar al mercado es el Estado (produciendo fármacos o fijando precios).

La Flacso (Plataforma Derecho a la Salud, Departamento Desarrollo, Ambiente y Territorio) organizó, con auditorio lleno, la actividad ‘¿Salud pública o negocio?’, coauspiciada por Fundación Donum, FOS, Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) y Asociación Latinoamericana de Medicina Social (Alames). 

Intervino Pablo Iturralde (CDES) lanzando su libro Monopolios privados en el sector salud. Luego María Victoria Cisneros (doctorado Flacso): ‘¿Quién financia la salud en Ecuador?’; Giannina Zamora (Superintendencia de Control del Poder de Mercado): ‘Concentración Geográfica de farmacias y botiquines’; y Alberto Acosta (Flacso): ‘La salud en un modelo económico concentrado’.

El libro, que hace contribuciones sobre los monopolios farmacéuticos, confunde el término ‘salud’ con ‘medicina’. La primera no es solo la ausencia de enfermedad, la medicina, individualista y referida al cuerpo, con los medicamentos (y otros), se ha subsumido en los negocios. La diferencia con la salud no es banal, aunque Acosta no la aborde declarándose economista. La salud se refiere al buen vivir (sano, colectivo, solidario, complementario del cuerpo y la subjetividad, y correspondiente al todo con las partes).

En el país hay 5.734 farmacias, pero tres monopolios se ‘comen’ a las pequeñas. La tesis de Acosta es que “el incremento de la inversión en salud (que reconoce como fundamental) no garantiza el buen vivir” porque “no hay afectación de la concentración del capital”. Aunque se explicita el paso del 0,8% (2008) al 2,13% del PIB (2013) y reconoce “el enorme esfuerzo para incrementar el gasto social”, juzga, con razón, que “todavía está lejos de lograrse la propuesta constitucional del 4% del PIB”.

El negocio de la medicina siempre estuvo en manos privadas. Fortalecer lo público (curativo) trae consecuencias que deben controlarse.

Se confunde ‘salud’ con ‘medicina’. La primera no es solo la ausencia de enfermedad; la medicina, individualista y referida al cuerpo, con medicamentos, se ha subsumido en los negocios.

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