En el sistema judicial, en la provincia de Pichincha el 41% de las pruebas testeadas fueron positivas. El día jueves conocimos que la Presidenta de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se encontraba en cerco epidemiológico; y durante la semana, varios colegas abogados, jueces y funcionarios notificaban a través de redes sociales padecer la enfermedad.

No es casualidad que el sistema de justicia se encuentre en este nivel de propagación del virus, pues el Consejo de la Judicatura (CJ) ha respondido de forma deficiente, insensible y con lentitud frente a la fuerza de la pandemia.

En la Unidad Judicial de Iñaquito, los expedientes pasan de mano en mano, sin ningún protocolo. En la Unidad Judicial de Quitumbe es visible la falta de medidas de bioseguridad y la aglomeración de usuarios.

En las instalaciones de los complejos judiciales no existe jabón en los dispensadores para cumplir con el lavado de manos, considerando el tiempo de permanencia, uso de ascensores, apoyo en pasamanos, uso de salas de espera. El distanciamiento social no se cumple.

Adicional a esto, los jueces siguen convocando a audiencias presenciales en asuntos que bien pueden resolverse en audiencias telemáticas. Como abogada en libre ejercicio tuve que pedir a una madre comparezca junto a su hijo de 8 años a una audiencia reservada, poniendo en riesgo su integridad.

Los abogados nos vemos obligados a acudir a unidades para requerir despacho, insistir en citaciones, ingresar demandas nuevas o simplemente ver documentos que no se adjuntaron a la providencia, pues la digitalización de la justicia no es una realidad.

La burocracia y falta de visión, han hecho imposible lo sencillo, como escanear documentos, usar plataforma distinta a Polycom y simplificar los procesos.

Señores Vocales del Consejo de la Judicatura, los usuarios, operadores y abogados sufrimos las consecuencias de sus decisiones, estamos contagiados, aislados y en riesgo. Exigimos precautelen nuestras vidas y actúen con responsabilidad. (O)