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Las investigaciones sobre el estrés hídrico, (indicador de la demanda de agua dulce) muestran que cada vez se necesitan mayores volúmenes de agua para satisfacer sus diferentes usos, mientras que la disponibilidad de la existente permanece prácticamente invariable dando como consecuencia la necesidad de gestionar sosteniblemente un bien público escaso como es el agua. Considerando además los perjuicios eventuales que pueden ocasionar la falta o excesos de agua por alteraciones de su ciclo normal por condiciones naturales o provocadas.
Para administrar en forma eficiente la demanda del agua dulce, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) propone la gobernabilidad del agua como el conjunto de sistemas políticos, sociales, económicos y administrativos encargados de desarrollar y gestionar los recursos hídricos y su distribución. Satisfaciendo necesidades de agua, de usuarios heterogéneos que van desde la salud y la seguridad alimentaria hasta el uso de la tierra, desarrollo económico y la preservación del entorno natural dependiente del agua.
Esta diversidad de ámbitos para la intervención en la administración de la “necesidad” del agua sugiere establecer una estrategia de actuación interdisciplinaria sistemática interdependiente entre los diferentes ámbitos evitando la injerencia de intereses particulares.
Las Naciones Unidas en su Informe para el Desarrollo (2006) reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento y establece a los Estados como los legítimos responsables de suministrar agua a las poblaciones, asegurando de que esta llegue con la suficiente calidad y cantidad. Permite además autenticar los recursos hídricos como un bien público, facilitando la prestación del servicio para los estratos poblacionales pobres y lograr que estos puedan enfrentar legalmente a las empresas transnacionales embotelladoras de agua, las cuales pretenden privatizarla o administrarla de acuerdo a sus intereses.
Para la utilización eficiente y económica del agua son necesarias las obras civiles, lo cual permite suponer que la administración del agua es un problema tecnológico. Este criterio fue establecido principalmente en los países en vías de desarrollo, ocasionando costosas inversiones financieras en las construcciones, las cuales no han dado los resultados que se esperaban, demostrando que el problema no solamente era tecnológico sino también político y de capacitación y organización de los usuarios.
Esta falta de integración interdisciplinaria para la administración del agua ha dado como consecuencias errores de interpretación del significado del estrés hídrico, definido por el Pnuma como el evento que sucede cuando la demanda de agua globalizada para sus diferentes usos es más grande que la cantidad disponible durante un período determinado de tiempo o cuando su uso se ve restringido por su baja calidad.
En estos casos la gobernanza del agua con una adecuada planificación y gestión puede mitigar sus efectos negativos ambientales y socioeconómicos, evitando su desperdicio con una eficiente distribución. (O)