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Noble y trascendente es la misión que señala nuestra Carta Magna para la Policía Nacional. Y además importante para la seguridad del Estado y sus habitantes.
¿Pero qué sucede en un país cuando algunos policías, en repetidas ocasiones, no atienden la seguridad de los ciudadanos el orden público, ni protegen los derechos y la seguridad de las personas y, muy por el contrario, atentan contra todos los derechos individuales y colectivos, llegando a formar parte -en el colmo de las aberraciones imaginables- de grupos de delincuentes comunes que asaltan, roban y hasta asesinan a los ciudadanos, llegando a organizarse para romper el orden público y la estabilidad del Estado?
Todo lo anterior es como ha venido sucediendo en nuestro país, que vivió el 30 de septiembre de 2010 uno de los capítulos más vergonzantes del cuerpo policial ecuatoriano, al haber organizado una revuelta con el ánimo de dar un golpe de Estado. Ellos, que están obligados a velar por el orden público y la seguridad de los ecuatorianos. Sabemos por las tomas y las expresiones de policías logradas por grabaciones, que en aquella oportunidad la consigna era asesinar al Jefe de Estado, quien se encontraba secuestrado dentro del Regimiento Quito, y más adelante, dentro del hospital policial adyacente al lugar. Se presume que los acontecimientos fueron producto de un complot planificado por la oposición para derrocar al Presidente.
No obstante, es imposible generalizar. Y podemos comprobar que dentro de la Policía ecuatoriana, aunque en forma minoritaria, existen elementos idóneos, honestos y confiables. Así las cosas, sometidos al polígrafo en la prueba de confiabilidad, solo el 30% obtuvo resultados aceptables para la institución, según declaraciones hechas a la prensa en abril de 2011. Y con tales resultados, cuando en la actualidad se piensa que aquellas cifras todavía persisten, la desconfianza de la ciudadanía en su fuerza policial aún está presente.
Para nadie es desconocido lo que con cierta frecuencia sucede en el país y que lo relata la prensa en diferentes tonos. En 2011 nos dio a conocer la existencia de una red de corrupción en la Policía de Migración que operaba en el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil, liderada por un coronel y un mayor de la institución, quienes extorsionaban a los policías del aeropuerto por un promedio de 2.000 dólares a la semana, los que a su vez recibían sobornos para el paso seguro de migrantes ilegales.
Además, la prensa nacional se ha referido a actos de corrupción protagonizados en la población de Tonsupa, provincia de Esmeraldas, por tres tenientes de la Policía Nacional, uno de ellos el hijo del comandante general de la institución en aquel entonces, quien, al recibir el parte policial acerca de los hechos, ordenó se cambie el texto. Por suerte, desde finales de 2010, el Gobierno dispuso la reorganización de la Policía, con el propósito de erradicar de ella la corrupción, expulsando a los elementos deshonestos, luego de las investigaciones correspondientes y un proceso apegado a la ley. Esto se está cumpliendo de manera permanente, mientras se reemplazan aquellos miembros corruptos por policías nuevos, seleccionados mediante un riguroso procedimiento. (O)