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El desfile del 1 de Mayo tradicionalmente se ha celebrado para presentar reivindicaciones y recordar la gesta histórica, pero se convirtió en demostración del poder de convocatoria y movilización. Antes de la celebración se realizaron actos que se vinculan más a una acción política que a reivindicaciones.
Entre ellos está la demanda de revocatoria de mandato de los asambleístas de Pichincha por el presidente de la Cámara de Comercio, Blasco Peñaherrera, argumentando que, al haber aprobado la Ley de Justicia Laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar, los jubilados correrían riesgos, al eliminar el Estado el 40% de su aporte al IESS. Por otro lado, está la demanda de inconstitucionalidad de dicha ley presentada por la Unidad Popular (ex-MPD) que, aprovechando la coyuntura, busca revivir como movimiento político que desapareció, paradójicamente, a contrapelo de su nuevo nombre, por el escaso apoyo popular. En cuanto a protestas, están las demandas de inconstitucionalidad de dicha ley presentadas por grupos de jubilados ante la Corte Constitucional.
Por un lado, en el desfile, el FUT, opuesto al Gobierno, reclamó por dicha ley por haberse eliminado el 40% de aporte del Estado a las pensiones, por los límites de distribución de utilidades a los trabajadores y mensualización de los décimos y, además, plantea un nuevo Código de Trabajo.
En cambio, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que incluye a 17 organizaciones, apoya dicha ley y plantea un nuevo Código de Trabajo. Además, se hicieron presentes los artesanos, educadores, afiliados al Seguro Campesino y el Frente Unidos, presidido por el Partido Socialista, que apoyan al Gobierno.
Lo que mostró el desfile, en cuanto al movimiento laboral, es una división de este porque hay unos que están a favor de la acción del Gobierno y otros en contra, pero que forma parte de un alineamiento de posiciones. Se trata, por un lado, de un poder sindical, una parte del movimiento indígena y artesanos aliados al Gobierno, que se inscribe dentro de una estrategia política, mientras que, de otra parte, está el poder sindical tradicional que busca defender sus privilegios. A este se suma la Conaie y Pachakutik (PK), con una estrategia política que se enmarca en la oposición a la Ley de Justicia Laboral, a la Ley de Tierras, a las enmiendas constitucionales, etc. En cuanto a estas últimas, PK se alió con CREO y SP, de derecha, para apoyar que se realice una consulta popular en vez de que estas sean tramitadas por la Asamblea Nacional. Dos corrientes opuestas ideológicamente se juntan con el objetivo de frenar las enmiendas, acción que fue vetada por la Conaie para corregir el error político.
En el fondo, se trata de diferentes tácticas, con un objetivo claro. Por un lado, el Gobierno suma y resta apoyo con aliados (poder sindical, indígenas, profesores y Frente Unidos), leyes y medidas dictadas, y los movimientos o grupos sociales opositores que aparecen defendiendo los intereses de trabajadores, afiliados y jubilados del IESS, pero en el fondo buscan apoyo popular. (O)