El Voto Informado, una iniciativa de inclusión LGBTI y su participación en la política
En una publicación de la Agencia de Noticias Deutsche Welle (DW), se indica que desde el 2014 al 2019, en Latinoamérica fueron asesinadas 1.292 personas de la diversidad sexual.
En Ecuador, siete de cada 10 personas LGBTI han experimentado discriminación o violencia. En enero de 2020, la Asociación Silueta X denunció que, en 2019, 16 miembros del colectivo LGBTI fueron asesinados, sus muertes fueron violentas, pero no se esclarecieron las causas.
En el periodo 2015 -2016, el Observatorio de Justicia para el Sumak Kawsay al que aportan un sinnúmero de organizaciones TILGB de Ecuador, y que es administrado por Silueta X, reportó ocho asesinatos, de los cuales el 75% fueron en contra de transfemeninas y el restante hacia hombres gays.
El año pasado, una de las muertes que más conmocionó a la sociedad y sobre todo al referido colectivo fue el asesinato de Juan Viteri, a quien le quitaron la vida con 89 puñaladas en el cantón Arenillas, en la provincia de El Oro. Según la citada asociación, en 2019 se registraron 23 muertes violentas en la diversidad sexual.
El artículo 11 de la Constitución de la República estable que: Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.
Y es justamente por esos derechos contemplados en la Carta Magna, como erradicar la discriminación, estigmatización, la violencia en la diversidad sexual, que el colectivo ha tenido una permanente lucha y ha estado vigilante de las propuestas de los candidatos presidenciales, para saber si dentro de sus planes de gobierno se plantean políticas a favor de este sector de la sociedad.
Derechos e igualdad
Es así que surge la iniciativa Voto Informado LGBTI en el periodo 2016-2017, de la mano de la Fundación Equidad. En la actual campaña electoral, con miras a las elecciones generales del próximo 7 de febrero, esta ha sido su tercera participación, con el apoyo de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que en el 2013 emprendió la campaña “Libres e Iguales”, con el propósito de promover la igualdad de derechos de las personas LGBTI.
Efraín Soria, coordinador general de la Fundación Equidad, indica que Voto Informado 2020-2021 tiene el propósito de hacer conciencia en los ciudadanos LGBTI, la importancia que tienen las elecciones, que no son un simple trámite por el papel que se requiere de vez en cuando.
“Si como ciudadanos no nos empoderamos, no nos informamos, no participamos activamente de la vida política, este país va al fracaso. Somos corresponsables de a quiénes elegimos; si tenemos un buen o mal Gobierno es responsabilidad de la ciudadanía. Los LGBTI son una población que por mucho tiempo se ha quejado del maltrato, del estigma, de la violencia y la discriminación, es hora de cambiar de la queja a la acción, eso es fundamentalmente lo que busca esta campaña”, resalta Soria.
Propuestas en planes de gobierno
En Ecuador no existe un dato preciso de cuántas personas pertenecen a la diversidad sexual, sin embargo, Soria dice que en la región entre el 4% y 10% de la población corresponde a este colectivo.
En ese sentido, precisa que si en las elecciones generales del próximo 7 de febrero, cerca de 7 millones de habitantes van a sufragar, de ese total, tomando el porcentaje del 4%, 280.000 corresponderían al colectivo LGBTI.
Aclara que la campaña Voto Informado LGBTI 2020 no se enfoca en disuadir a sus miembros para que le den el voto a uno u otro candidato, sino más bien de que conozcan cuáles de ellos los han considerado dentro de sus planes de gobierno. Asimismo, el objetivo de esta iniciativa es tener un acercamiento con dichos candidatos para que se sinceren con el colectivo.
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Por eso, Soria manifiesta que la campaña se ejecuta en tres fases: la primera, el acercamiento a los partidos o movimientos políticos, lo que no se ha ejecutado en su totalidad debido a las medidas establecidas por el COE Nacional y también por las agendas de los candidatos. La segunda fase es transmitir la información obtenida a los electores del colectivo y, la tercera, hacer campaña en redes sociales a través de influencers -que no necesariamente pertenecen a la diversidad sexual-y personas reconocidas sobre su lucha por los derechos humanos y que la sociedad concientice su voto.
Para el politólogo y activista LGBTI, Fredy Lobato, la idea es trasladar lo que dice el papel a los hechos, de lo que cada organización plantea como políticas públicas, en normas, en leyes a futuro respecto a lo que está ya escrito en la Constitución, para poner en leyes secundarias o en políticas públicas.
Lobato reflexiona y dice que no se trata de darle al colectivo “cuotitas de poder como lo hizo en su momento Rafael Correa con la señora Dayanne Rodríguez”.
Se trata -destaca- de un cambio de enfoque que implique la participación política, “porque desde que hay participación política el tema trans está muy involucrado y el tema de la intersexualidad también”.
Asimismo, indica que “hay que hacer un cambio de enfoque o reeducar a nuestra sociedad (…) Hay que normalizar la visibilidad y presencia de personas LGBTI en el quehacer público, porque además tenemos derechos, no solamente pagamos impuesto o votamos, también necesitamos ejercer nuestros derechos o una vida pública desde nuestra orientación sexual”.
Destaca que la apertura a cargos públicos, candidaturas o funciones públicas, no debe ser como una cuota especial y debe darse sin discriminación, que las instituciones, las empresas sean amigables al tema LGBTI y que la sociedad entienda la realidad, que se vaya desterrando el asunto discriminativo, el bullying en el sistema educativo que se está normalizado”.
Derechos, participación y homofobia
Las tres fases específicas de esta iniciativa están enmarcadas en los derechos LGBTI, pues el Estado tiene la obligación de respectar, garantizar y proteger los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex.
En cuanto a la participación política, resaltan el hecho que la lucha LGBTI desde la sociedad civil ha desembocado en que las leyes que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo infringen los derechos humanos fundamentales.
En lo que ser refiere a la homofobia, se indica que cuesta $ 119 mil millones del Producto Interno Bruto (PIB) al año, de los cuales $ 8 millones corresponden a Latinoamérica (ONUSIDA). “Esto se traduce en el detrimento de las condiciones de vida, pérdida de potencial humano, falta de acceso a la educación, la salud y en la falta de leyes o políticas públicas inclusivas”, según detallan en su página oficial.
Triple rostro
Ana Bilbao, quien lideró el equipo de investigación que construyó tanto el documento conceptual como la guía de buenas prácticas para la participación política LGBTI en el Ecuador, menciona que se rastreó cuál ha sido la participación política de la población LGBTI en el país, se identificó cuál ha sido el vínculo, las relaciones y, sobre todo, cuál ha sido el relacionamiento que ha existido entre la población LGBTI y las organizaciones políticas ecuatorianas.
“Encontramos una ausencia que la calificamos como triple rostro, identificamos que no hay una participación política sostenida partidista, pero cuando uno profundiza la lupa de la participación política LGBTI se encuentra con que esta no ha sido conectada con sí mismo, tanto en términos de reconocimiento de candidaturas, conocimiento de las necesidades y demás demandas en planes y programas de gobierno, esto es una ausencia”, manifiesta Bilbao.
Añade que por un lado se visibiliza la falta de estudios especializados e investigaciones académicas sobre las necesidades y demandas de la población LGBTI, incluido el ejercicio de sus derechos políticos.
Además, se evidencia la escasez de información estadística y base de datos de información de la población LGBTI, sus condiciones de vida, demandas y trayectorias que sirvan para dimensionar los procesos que viven.
También se refleja la deficitaria presencia del colectivo en las formas tradicionales de participación y representación política en tanto a candidaturas, así como en la consideración e incorporación de sus demandas y derechos específicos en programas de gobierno y planes de trabajo de las organizaciones políticas.
“Este estudio pretende dar un paso en el abordaje de estos vacíos y aportar a la discusión analítica y política de la participación LGBTI desde una perspectiva comprensiva de los intereses y trayectorias de los actores sociales y políticos”, detalla el documento “La participación política LGBTI en Ecuador: entre el reconocimiento y la representación”.
Para Soria, el Voto Informado, desde su implementación, le ha permitido al colectivo involucrarse más con la gente.
“Muchos miembros de los colectivos nos llaman a consultar sobre los candidatos, nosotros no le podemos decir por quién votar, pero sí les damos información del plan gobierno que presentan, y esa información le ayuda a la gente a tomar conciencia y está pasando en este momento (…) De los planes de gobierno que hemos revisado solo uno contempla el tema de la diversidad sexual, en los demás están ausentes, ese ya es un indicador y es bueno que la gente sepa eso”, añade Soria. (I)
