Quito, una ciudad sin políticas públicas y deficiente manejo administrativo

Una veeduría ciudadana hace un análisis sobre la gestión municipal durante la emergencia sanitaria.
18 de febrero de 2021 12:25

El control ciudadano es un elemento vital para que la administración pública realice sus tareas eficazmente, el Instituto Republicano Internacional (IRI), capítulo Ecuador, y la fundación Contra la Violencia, liderada por la activista Jéssica Jaramillo, terminó el proceso de evaluación de desempeño a las autoridades del Distrito Metropolitano de Quito.

El trabajo inició en Quito el 1 de septiembre del 2020 con la participación de algunos de los líderes sociales, gremiales, académicos, quienes representan a hombres y mujeres de distintos sectores sociales y económicos de la ciudad y la provincia. Ellos recibieron una capacitación sobre herramientas metodológicas que se usaron para las evaluaciones.

Dicho informe recoge que, pese a los esfuerzos principalmente nacionales, la violencia intrafamiliar se ha incrementado aproximadamente en el 30%, de acuerdo a los datos de la Cooperación Internacional.

Sin embargo, hay datos que en la ciudad preocupan y a pesar de que este tema tiene una arista en donde intervienen varios actores institucionales poco o nada se ha hecho desde lo local, principalmente en el diseño, elaboración, ejecución y seguimiento de políticas públicas para prevenir y para atender la violencia contra las mujeres.

En esta materia los Centros de Equidad y Justicia que estaban bajo la competencia de la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad al parecer fueron trasladados a la Secretaría de Inclusión Social, siendo esta la responsable de la política pública en este ámbito.

Desempleo

El aumento del desempleo es otras de las preocupaciones de los quiteños en el 32,62% y que la municipalidad debe dar respuestas y generar alternativas desde la política pública y un necesario acercamiento y acuerdos con el sector privado.

También llama la atención el incremento de la inseguridad en el 38% lo que para la población es notorio, dado que varios son los barrios que demandan más seguridad frente a asaltos, robos, consumos de alcohol en espacios públicos y delitos en general.

Los datos recogidos por el Observatorio de Seguridad Ciudadana señalan que la percepción de inseguridad aumentó en el 40% con el cambio de semáforo, el consumo de alcohol se incrementó en el 40% y finalmente las ventas ambulantes en el 70%.

La informalidad, a la fecha, es uno de los sectores que mayor problemática representa para la ciudad, puesto que alrededor de ella se encuentra no solo desempleo sino que también pobreza, delincuencia, explotación, inseguridad, actos delictivos, y mafias que se ha tomado determinadas calles.

Hábitos

Asimismo, con la encuesta de hábitos de consumo del comercio informal muestra que a pesar de la emergencia sanitaria, en cuanto a los hábitos de higiene, el 59,07% de los quiteños adquieren productos en las calles y consumen comercio informal lo que contribuye a mantener esta actividad por precio o comodidad.

Después de este proceso, los miembros de la veeduría presentaron un informe de resultados que recoge las decisiones implementadas por el gobierno local, los sectores que fueron atendidos, la ejecución de los recursos públicos empleados, y la satisfacción o no de las necesidades de la población. Este informe también se entregó a las autoridades municipales.

Recomendaciones

Entre varias recomendaciones, la veeduría indica que “las empresas públicas municipales deben tener mayores controles, principalmente sobre el manejo de recursos públicos, transparencia en la selección de personal, contrataciones y licitaciones, entre otros. Las empresas públicas deben ser evaluadas a fin de que signifiquen un verdadero aporte al sistema municipal, logren el objetivo de ser empresas rentables y no una carga burocrática”.

También se mencionado que: “Quito es una ciudad sin cifras, es indispensable que se fortalezca el Observatorio de Seguridad Ciudadana y se convierta en un Observatorio de la Ciudad. Las cifras de la capital en todos los ámbitos, desde pobreza, acceso a la educación, empleo, desempleo, seguridad, de consumo, condiciones de vida, accesos, entre otros, son cruciales para que la administración municipal adopte decisiones, diseñe políticas, actúe frente a los problemas de la ciudad y su gente, dejando de lado una gestión reactiva gobernada por los palos de ciegos de los últimos años”.

Desde este ejercicio de contraloría social, tanto el IRI como la Fundación Contra la Violencia fomentan una democracia más participativa, la misma que fortalece el diálogo ciudadanía – gobierno. (I)

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