Guillermo Lasso, presidente de la República, compareció ante los medios de comunicación en una rueda de prensa anunciando la crisis en la que se encuentra el sistema carcelario del Ecuador después del amotinamiento que se desarrolló en la Penitenciaría del Litoral, el cual dejó 116 fallecidos y 80 heridos, todos privados de libertad. 

El decreto ejecutivo se declara por grave conmoción interna en todos los centros de privación de libertad, que integran el sistema de rehabilitación social a nivel nacional, sin excepción alguna, por le plazo de 60 días. Las Fuerzas Armadas podrán intervenirlos para restablecer el orden.

El Primer Mandatario anunció que las circunstancias han afectado gravemente los derechos del personal privado de libertad, guías penitenciarios y Policía Nacional. Por ello se busca que con esta decisión se pueda precautelar los derechos de los ppl, controlar las circunstancias, restablecer la convivencia pacífica, el orden y el normal funcionamiento de estos para que cumplan su rol de rehabilitación social.

Todas las entidades de la administración publica, central e institucional, en especial el SNAI deben coordinar acciones para prevenir nuevos acontecimientos para restablecer el orden.

El Gobierno cuenta con un plan estratégico en ejecución que tiene un control estricto en las cárceles y las inversiones en obras civiles, inhibidores de celulares, cámaras de video para poder supervisar lo que sucede en el centro penitenciario. "El Coronel, Bolívar Garzón, va a contar con todos los recursos económicos para actuar con la celeridad posible", dijo el Jefe de Estado. El plan de Garzón estaba enfocado en la cárcel de Latacunga, donde laboraba como director antes de asumir el SNAI.

"La decisión es acelerar lo concerniente a la Penitenciaria del Litoral que requiere una inversión importante, pero demanda recursos de $24 millones. Me comprometo con el director del SNAI a que va a tener esos recursos en el momento necesario para pagar a los proveedores de la tecnología", sentenció Guillermo Lasso. 

También está previsto que se investiguen los hechos suscitados en el último amotinamiento y evitar que estos se propaguen en otros centros de rehabilitación social.