Con el fin de exponer los alcances y beneficios del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización, la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional recibió al ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo.

Pozo destacó que el objetivo del proyecto de Ley es mantener un sistema monetario estable para preservar la integridad de la dolarización, a través de la independencia técnica de una Junta de Política y Regulación Monetaria (JPRM).

Si bien actualmente existe una JPRMF, Pozo mencionó que es carente de una estructura técnica y administrativa, lo cual resta capacidad y oportunidad a sus decisiones. El nuevo organismo tendría la potestad de formular políticas que implementen el Banco Central del Ecuador (BCE). Así mismo, se creará otra Junta de Política y Regulación Financiera (JPRF). Tanto las juntas como el BCE seguirían siendo parte de la Función Ejecutiva.

Entre las principales reformas que se proponen al BCE, el Ministro citó al restablecimiento los cuatro sistemas de cobertura del balance general de la entidad, el dotarle de independencia técnica y reforzar su rol de “tercero confiable”, la aplicación de normativa acorde a estándares internacional, el aumento del capital (autorizado, suscrito y pagado), el establecimiento claro de funciones y atribuciones del Gerente General, y retirar la función relacionada con el cierre de la crisis bancaria de 1999.

En torno a la conformación de las juntas, Pozo indicó que tendrán cinco miembros cada una. Todos serán propuestos por el Presidente de la República y designados y posesionados por la Asamblea Nacional. Así mismo, tendrán disposiciones claras de rendición de cuentas sobre su labor.

Por otra parte, destacó que el proyecto de Ley mejora la supervisión de los sectores financieros con reformas de normas que enmarcan los principios de supervisión y las competencias sancionadoras de los entes de control. Se plantea el procedimiento administrativo para aplicar sanciones a entidades reguladas, incluidas las de seguridad social.

Además, contempla el fortalecimiento del sector financiero popular y solidario y se mejora la normativa diferenciada que lo regula, en beneficio de sus socios y clientes.
Con el fin de reducir los efectos de la crisis por la emergencia sanitaria derivada del COVID 19, se otorga a las Superintendencias de Bancos y de Economía Popular y Solidaria la potestad de regular el plazo en que las entidades financieras pueden conservar los bienes recibidos en dación en pago o por adjudicación judicial y así como la constitución de sus provisiones.

De su lado, Marcos López, delegado del presidente de la República ante la Junta de Política Monetaria y Financiera, explicó que es necesaria la protección de la dolarización con reglas básicas para sostener el esquema monetario y la independencia técnica del BCE en la toma de decisiones.

Frente a esta postura, los parlamentarios señalaron que en el proyecto económico urgente aún existe inconstitucionalidad al pretender que la formulación de la política monetaria, crediticia y financiera pase a manos de la Junta de Política de Regulación Financiera, cuando esto es facultad del Ejecutivo. Bajo esa premisa, los parlamentarios señalaron que se debería realizar una enmienda a la Constitución.