Estados Unidos reitera su apoyo a Ecuador en su lucha contra el crimen organizado transnacional

La inversión realizada entre noviembre 2019 y febrero 2021 asciende a los $ 750.000.
03 de marzo de 2021 17:51

Estados Unidos ha trabajado en conjunto con las distintas instituciones del Estado ecuatoriano para enfrentar el crimen organizado transnacional. Esta problemática es la más grande amenaza que enfrentan ambas sociedades, pues pone en peligro el Estado de derecho, la paz y la seguridad de la región.

Este miércoles 3 de marzo de 2021, la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos, a través de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), realizó una intervención arquitectónica en las antiguas oficinas de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNIDOT) de la Fiscalía General del Estado.

La donación de este 3 de marzo es el más reciente ejemplo de cómo solo trabajando en equipo se podrá luchar efectivamente contra este peligro.

Ahora cada fiscalía cuenta con un espacio óptimo para los fiscales y sus equipos de trabajo, así como lugares adecuados y seguros para almacenar los expedientes fiscales.

Además, se construyó una sala para que los defensores revisen los procesos con transparencia y comodidad. El rediseño arquitectónico permite que usuarios, fiscales, abogados defensores, víctimas y procesados accedan a la justicia penal de manera digna.

De igual manera, por medio del apoyo de expertos internacionales en materia de justicia criminal y derecho penal se ha podido elaborar una caja de herramientas compuesta por 10 manuales y guías de temas como: análisis de contexto para afrontar la macro criminalidad, desarrollo estratégico de la investigación para casos de corrupción, investigación financiera y patrimonial, desarrollo estratégico para la investigación de casos de narcotráfico, por mencionar los más relevantes.

Inversión

En total se entregaron alrededor de 1.000 ejemplares de estos manuales y guías para los fiscales y sus equipos con el fin de facilitar y orientar de manera técnica las complejas investigaciones contra el crimen organizado y sus múltiples manifestaciones.

La inversión realizada entre las adecuaciones y los manuales es de aproximadamente $ 210.000.

“Sin lugar a duda, esta donación ratifica los lazos de cooperación entre nuestros países y nos recuerda que el Gobierno de los Estados Unidos es un aliado del Ecuador para combatir el narcotráfico y fortalecer la seguridad. Esta lucha es de interés mutuo y sus resultados son beneficiosos para ambas naciones”, dijo Michael J. Fitzpatrick, embajador de los Estados Unidos en el Ecuador.

En noviembre de 2019, los Estados Unidos inició el Proyecto de Creación de Capacidades del Sector Judicial Ecuatoriano para Combatir la Delincuencia Transnacional y el Narcotráfico.
Este proyecto busca dotar a fiscales, jueces y policías, de herramientas técnicas que permitan entender el fenómeno del crimen organizado, así como también de destrezas y habilidades que faciliten la investigación y judicialización exitosa de casos de lavado de activos, narcotráfico o delitos relacionados a la corrupción.

Capacitación

En 2020, por medio del proyecto se capacitaron a 657 funcionarios del sistema de justicia criminal ecuatoriano, en litigación oral, técnicas de investigación, evidencia digital. De las personas capacitadas, 183 son funcionarios de la Fiscalía General del Estado que se beneficiaron del entrenamiento.

El proyecto ha llegado a los lugares más complejos del territorio ecuatoriano. El 18 de febrero se capacitó a 35 jueces penales y fiscales de las provincias de Manabí, Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos e Imbabura en estrategias para judicializar de manera exitosa los casos de crimen organizado.

La inversión realizada entre noviembre 2019 y febrero 2021 asciende a los $ 750.000.

Los Estados Unidos continuará apoyando al sistema de justicia criminal ecuatoriano por los siguientes dos años por medio del proyecto, con una inversión adicional de $ 1.5 millones. Jueces, fiscales y policías serán los principales beneficiarios de este proyecto. (I)

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