La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Sofía Almeida, y el consejero David Rosero, presentaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) la denuncia sobre un presunto delito de peculado y posibles actos colusorios, asociación ilícita, tráfico de influencias y redes de corrupción, relacionadas con el favorecimiento a la contratación con el Estado para la adquisición de respiradores con mascarilla de filtrado, durante la Emergencia Sanitaria por la pandemia covid-19.

A partir del monitoreo de procesos de contratación relativos al estado de emergencia, en mayo de 2020, se identificó en el Sistema Oficial de Contratación Pública, el proceso de emergencia realizado por el Ministerio de Salud Pública, en el que se evidenció la adquisición de un alto número de “Respiradores con eficiencia de filtración mínima del 95% quirúrgico con mascarilla de filtrado”, por el valor de 9’960.000 (nueve millones novecientos sesenta mil) dólares.

Almeida explicó que la investigación realizada por la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del CPCCS determinó el presunto abuso de fondos públicos y peculado al haberse suscrito el contrato sin las pólizas que garanticen las obligaciones contraídas, ejecutándose un pago indebido, de 4’482.000 (Cuatro millones cuatrocientos ochenta y dos mil) dólares, en calidad de anticipo.

? La presidenta del #CPCCS @SofiaAlmeidaEc y el Consejero @davidroserow, presentaron ante la @FiscaliaEcuador la denuncia sobre presunto peculado en compras de material médico. Conoce más detalles:? pic.twitter.com/eMcKe8K9Os

— Participa Ecuador (@CpccsEc) December 2, 2020

Además, la investigación evidencia que los responsables del control y verificación de las pólizas inobservaron hechos que pueden relacionarse con la falsificación y uso de documento falso, y/o con posibles actos colusorios, asociación ilícita, tráfico de influencias y redes de corrupción que actuarían para favorecer procesos ilegítimos e ilegales de contratación con el Estado.

En tanto que el consejero David Rosero indicó que el CPCCS solicitó a la Fiscalía que inicie una investigación penal sobre el proceso precontractual y la celebración del contrato No. 00082-2020 entre el Ministerio de Salud Pública y Ricardo M. que deberá incluir a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la provincia de Cotopaxi, por existir indicios del presunto cometimiento del delito de peculado por la disposición de manera arbitraria e ilegítima de dineros públicos.

El CPCCS, a través de la Subcoordinación Nacional de Patrocinio iniciará las acciones administrativas y penales correspondientes, sobre las cuales se realizará el respectivo seguimiento y patrocinio, de conformidad con las competencias del Consejo. (I)