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Contraloría envió a Fiscalía 45 informes con indicios de responsabilidad penal por emergencia santinaria

El organismo inició exámenes especiales en el IESS, Ministerio de Salud, Isspol y otras instituciones
01 de enero de 2021 11:18

A partir de la declaratoria de emergencia sanitaria por covid-19, la Contraloría General del Estado reformó su Plan Anual de Control para verificar el buen uso de los recursos estatales en 2020.

Esto, en respuesta de múltiples denuncias ciudadanas por supuestos actos de corrupción en los procedimientos de contratación pública.

Un informe difundido por la entidad de control, informó que entre marzo y diciembre se aprobaron 121 informes generales, producto de las acciones de control a los procesos de adquisición de medicamentos, dispositivos e insumos médicos. Según el detalle, al momento se mantienen 139 auditorías en ejecución.

Como resultado de las observaciones generadas en los exámenes especiales, tanto concluidos como en marcha, la Contraloría General del Estado (CGE) remitió 45 informes con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía. 

Dentro de las labores de control público relacionadas con la pandemia, la Contraloría inició 32 exámenes especiales en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y 89 en el Ministerio de Salud Pública, 4 en las instituciones de Seguridad Social de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, 115 en los gobiernos autónomos descentralizados y empresas públicas y 20 en entidades del Gobierno central.

De forma recurrente se observaron inconsistencias entre la actividad comercial del proveedor registrada en el SRI y los productos o servicios solicitados por las entidades.

Los oferentes no tenían experiencia ni capacidad logística para satisfacer las necesidades derivadas de la Covid-19.

Por otro lado, las contrataciones se ejecutaron requiriendo proformas directamente, sin consultar el listado de proveedores registrados en el Portal de Compras Públicas ni procesos similares previos.

En consecuencia, no se consideraron otras opciones que mejoren costos y calidad en favor del Estado.

En cuanto a la documentación que sustentó la selección de proveedores, se encontraron certificados de experiencia que carecen de legalidad, los productos no cumplieron con las especificaciones técnicas, ni contaban con las certificaciones técnicas que avalan su procedencia. (I)

Foto: John Guevara / EL TELÉGRAFO
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