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Antonio López: "La barbarie en las cárceles del Ecuador"

El drama inhumano en las cárceles data de muchos años con la corresponsabilidad de varios gobiernos.
25 de febrero de 2021 00:00

Es muy fácil señalar a un responsable cuando la crisis de una institución se torna evidente, pero resulta complicado establecer las causas fundamentales que lanzan al abismo a esa entidad.

El drama inhumano en que se ha venido desarrollando el Sistema de Rehabilitación Social ecuatoriano data de muchos años con la corresponsabilidad de varios gobiernos, puesto que la ausencia de una verdadera política de reinserción social a los privados de libertad, se configura a todas luces; no solo por los justos reclamos de los propios reclusos, sino también por las condiciones infrahumanas con las que la sobrepoblación penitenciaria intenta a todo grito sobrevivir en espacios que se asemejan a los propios infiernillos.

La reincidencia del delito cometido por muchos sentenciados, dan cuenta de que la rehabilitación social es solamente una quimera y una proclama de políticas gubernamentales que jamás han sido puestas en marcha.

La sumatoria de varios factores, como son la ausencia de disponibilidades de plazas de trabajo, las limitadas facilidades de estudios en sectores rurales o marginales, las nulas posibilidades para superar la pobreza y más aun la miseria de una gran parte de la población, aunados a ellos por el desencanto y desconfianza en los gobiernos por la corrupción, abonan a un clima y escenario para el cometimiento de delitos de forma permanente y sistemática, concluyendo que los centros carcelarios son el inmenso teatro de la injusticia social, y todo ello, se convierte en el mejor caldo de cultivo para los amotinamientos.

La actual crisis penitenciaria ecuatoriana tiene también su responsabilidad en el gobierno actual; y desde luego en el recorrido de los últimos 14 años; puesto que, tanto sus ministros de Justicia y el actual Director General del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores del Ecuador, han sido incapaces de poder reconstruir o mejor dicho construir un verdadero sistema de rehabilitación social que no solamente garantice la reeducación y la futura reinserción social de los contraventores, sino que se instaure una verdadera política de paz social y de fuerte seguridad en los centros penitenciarios.

Lo ocurrido el día martes 23 de febrero pone de manifiesto una narcotización de la violencia, ya que la misma se la atribuye a grupos delincuenciales organizados, bajo consignas de bandas internacionales ilegalmente estructuradas.

Con la lupa que debe colocarse al analizar la barbarie y la deshumanización con la que actúan determinados elementos de la población penitenciaria ecuatoriana, se pretende arribar al concepto de que el narcotráfico y demás grupos del delito son los responsables de un clima de completa impunidad y exacerbada violencia.

La SNAI y el general Edmundo Moncayo han sido incapaces de diseñar o identificar el mapa o los fragmentos propios de un abominable rompecabezas del terror.

El general Moncayo parece vivir otra realidad muy lejana a la que se vive en los centros carcelarios; su incapacidad lo lleva a opinar y actuar de forma idéntica que los políticos desprestigiados de este país; puesto que, sus actuaciones en los últimos siete meses han sido más que desastrosas.

¿A dónde nos lleva esta vorágine de violencia carcelaria interminable?

¿Quién devela el rostro deshumanizado de la población carcelaria sin control?

Con toda seguridad las respuestas serán evasivas por parte de los responsables del actual gobierno; hoy el Ecuador necesita autoridades en el Sistema de Rehabilitación Social, con un marcado y potente liderazgo, acompañado de suficientes conocimientos, experiencia y un rostro social que asegure el retorno a la paz en las cárceles ecuatorianas.

No han sido suficientes los estados de excepción en los años 2019 y 2020 para los centros de rehabilitación, es más, ha denotado que el propio aporte de la Corte Constitucional, no le ha sido una herramienta útil al SNAI, quienes han sido incapaces de instrumentar una reforma y apoyo al sistema carcelario del país.

El SNAI se encuentra en deuda, puesto que la escuela de capacitación de guías penitenciarios fue cerrada y hoy abandonada en toda su infraestructura; los procesos de selección para dotar de mayor y mejores guías, hasta el día de hoy están archivados.

Las edificaciones y logísticas de los centros carcelarios, los talleres de capacitación y formación para la reinserción social son totalmente abandonados; puesto que, el propio Ministerio de Finanzas, no ha dado cumplimiento a su obligación de dotar de los recursos económicos conforme lo recogían los propios Decretos de Declaratoria de Estados de Excepción.

Frente a todo esto, la propia Corte Constitucional ha expresado su preocupación por los hechos ocurridos, leyéndose entre líneas que, siendo la responsabilidad del Estado a través del Gobierno, velar por la custodia y responsabilidad de la salud y la vida de los señores reclusos, por ende, se deberán iniciar las correspondientes investigaciones de orden penal que arriben a la determinación de los actores políticos y penales.

Lamentablemente el Ecuador se encuentra sumido en estos momentos en un estado de miedo, con la posibilidad de ser arrastrado a un colectivo temeroso, y lo que es peor convertir dicha inseguridad en un estado de normalidad.

Esta tragedia deberá ser recogida como una fuente de aprendizaje y adopción de medidas urgentes e inmediatas en materia de rehabilitación social y política criminológica, que debe ser la consecuencia de la puesta en marcha de acciones sociales que el gobierno brinde para generar empleo, seguridad ciudadana y paz social.

Resultaría espantoso imaginar que los hechos abominables ocurridos en los tres centros carcelarios del Ecuador, pudiesen ser la sombra de una imagen borrosa de la sociedad ecuatoriana; prefiero afirmar que esto es una radiografía de la crueldad sin límites que puede desencadenar en una etapa que desangrará al país.

Si no se adoptan de forma urgente y emergente todas las medidas que generen seguridad y el restablecimiento de orden en los centros penitenciarios, se provocará la institucionalización de verdaderas escuelas del delito. El haber observado videos que dan testimonio de los desmembramientos de cuerpos de decenas de reos, nos acercan a esas aborrecibles técnicas con las que se instruyen a las propias autodefensas de los grupos narco guerrilleros o cárteles.

La página negra que se ha escrito en las cárceles ecuatorianas en nombre de la delincuencia transnacional, no puede descartar la responsabilidad civil, política y penal de las autoridades nacionales; frente a ello, el primer acto de demostración de querer enrumbar el sistema penitenciario que debe dar el Presidente de la República, es destituyendo al general Edmundo Moncayo en su condición de director y máxima autoridad del SNAI, sin perjuicio de que se inicien todas las investigaciones tendientes a establecer las responsabilidades por la existencia de armas de fuego, corto punzantes y contundentes, que sirvieron para ejecutar la masacre más grande de la historia penitenciaria.

Hoy el Estado en su conjunto tiene la obligación de revisar la existencia de mundos e inframundos que subyacen al interior de los centros de reclusión, en los cuales purgan condenas o se encuentran a la espera de las mismas, miembros que la propia prensa nacional dan cuenta de las relaciones con verdaderos engranajes de la narco-justicia, y de cuyas responsabilidades aún la propia Función Judicial a través de sus órganos operadores, no dan señales concretas.

La Fiscalía General del Estado, que con juta razón viene combatiendo la corrupción, debe iniciar también la limpieza interna para garantizar una justicia penal independiente, justa e imparcial, por ello, es necesario que los responsables del manoseo de la justicia, empezando por los sorteos de causas judiciales amañados que ya han sido denunciados por vocales del Consejo de la Judicatura, hasta la presente fecha no existe una sola evidencia de que se hayan iniciado acciones penales contra funcionarios de la Administración de Justicia en la provincia del Guayas.

Es imperativo que las Facultades de Jurisprudencia, a través de sus escuelas de ciencias penales y criminológicas, con la asistencia y apoyo del Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, procedan a conformar un verdadero observatorio propositivo y proactivo para la formulación de la reforma integral del Sistema de Rehabilitación Social ecuatoriano, destinado a dignificar a todas y cada una de las personas que se encuentran privadas de libertad.

 

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