El buen periodismo, por sobre todas las cosas, no debe dar prioridad, privilegio y ventaja solo a ciertas fuentes de la información, porque eso mata la profesión y empaña la credibilidad, ya que el lector creerá que se busca beneficiar a unos y perjudicar a otros.

Es un “pecado” moral y ético construir y publicar notas con una fuente, así se lo haga sin mala intención. Si se va a poner en escena una sola versión, entonces los periodistas, ya sea por facilismo o pereza, deben presentar más bien una entrevista pregunta-respuesta.

Los llamados a evitar este tipo de noticias unifuentistas no son solo los periodistas, sino los editores. No se deben publicar  denuncias que no tengan el testimonio de la contraparte u otras voces conocedoras del tema. Simplemente, la historia debe ir completa o no ir. ¡Así de tajante!, en honor al equilibrio informativo que tanto nos enseñan y recalcan cuando se estudia en la universidad la carrera de comunicación social o periodismo.

No es halagador leer y digerir notas con una sola fuente como la que se publicó el miércoles pasado en la página 8, titulada “Óscar Ayerve asegura que las ‘garras del correísmo’ siguen en la justicia”.

Según la observación efectuada casa adentro (en la Redacción), así como por parte de lectores que se comunicaron telefónicamente, el espacio de esa nota sirve para que el denunciante, el político Óscar Ayerve, descargue un tema personal por un negocio de 2013 que se deshizo entre el sector público y su empresa de servicios gráficos Taski SA.

Arremete contra organismos del Estado, como el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), por suspender el contrato para la impresión de cuestionarios censales, de formularios, portafolios, manuales y otros, que iban a ser usados en la ejecución del VII Censo de Población y VI de Vivienda. Manifiesta que, para perjudicarlo, “se elaboraron, adulteraron y forjaron expedientes, justificativos, documentos e información para sustentar la decisión”. Ante tal acusación, no hay la versión de algún vocero del INEC.

También acusa al Consejo de la Judicatura (CJ) de esa época de haberlo dejado en indefensión frente a la denuncia que entabló en 2013 ante el Contencioso Administrativo, así como por la desaparición, durante cuatro años, del expediente de su caso. Tampoco hay la versión de voceros de este organismo.

Acusa de toda esta trama a las “garras” del expresidente Rafael Correa y su influencia en la justicia.

Incluso, en el destacado de esa nota se asegura: “La fiscal Yolanda Yupangui, candidata a la Judicatura, tuvo una actuación dudosa en el caso”. No se sabe si eso dice el periodista o Ayerve. Y lo que es igual grave, no consta  la versión de la aludida. ¿Hasta cuándo, padre Almeida?

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Defensoría de las Audiencias, artículo 73 de la Ley de Comunicación.